La Fundación Micaela García “La Negra" le responde a los legisladores

El legislador tucumano Ricardo Bussi y otros funcionarios rechazaron la implementación de la Ley Micaela. Ante esa actitud, quienes conforman la Fundación Micaela García “La Negra”, incluidos sus padres, Néstor García y Andrea Lescano, se expresaron sobre los comentarios en torno al debate suscitado en Tucumán por el Proyecto de Ley de Adhesión a la Ley Nacional N° 27.499.

"La Ley Micaela no lleva cualquier nombre, lleva el nombre de nuestra hija, de nuestra nieta, de nuestra compañera y amiga, lleva el nombre de una joven violada y asesinada, y encarna tantas otras historias dolorosas y evitables, de vidas arrebatadas por la violencia machista y por un Estado que se revela incapaz de actuar oportunamente", manifiesta el comunicado.

Es pertinente recordar que Micaela fue víctima de un femicidio perpetrado por Sebastián Warner, el 1 de abril de 2017. El femicida, a pesar de tener dos
condenas por violación y un sin fin de informes desfavorables que no recomendaban su salida, fue beneficiado con prisión condicional por un juez que sin perspectiva de género.

"Esa es la razón por la cual la Ley establece la capacitación obligatoria
en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, invitando a las provincias a adherir a la misma", explica el documento de la Fundación.

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Así mismo, resaltamos que la Ley Micaela se ajusta a los compromisos internacionales a los que Argentina ha adherido, como Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) y su comité de seguimiento; así como a la Ley de Protección Integral a las Mujeres (Ley 26.485).

"Quienes se erijen como detractores de la Ley Micaela no lo hacen desde sólidos argumentos legales ni técnicos, sino que lo hacen desde la negación de una problemática que se lleva la vida de nuestras hijas, hermanas, madres, compañeras y amigas", enfatiza el comunicado.

Para la Fundación nuestra sociedad sabe que la implementación de esta ley es una urgencia pública ante la violencia que sufren las mujeres y es una deuda ética con todas las que ya no están.