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La desregulación y el aumento de las prepagas dejarán a miles de personas sin cobertura de salud

En diciembre de 2023, Milei impulsó el DNU que desreguló a las obras sociales y prepagas. Desde entonces, aumentaron hasta un 150% los precios. Dialogamos con el abogado especialista en Derecho a la Salud, Nicolás Oszust, acerca de la problemática. Este lunes 8 de abril, el presidente Javier Milei dijo que las empresas de medicina […]

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En diciembre de 2023, Milei impulsó el DNU que desreguló a las obras sociales y prepagas. Desde entonces, aumentaron hasta un 150% los precios. Dialogamos con el abogado especialista en Derecho a la Salud, Nicolás Oszust, acerca de la problemática.

Este lunes 8 de abril, el presidente Javier Milei dijo que las empresas de medicina prepaga "se pasaron de rosca" con los aumentos. No obstante, sostuvo que "no creemos que lo hicieron con mala intención".

Casi en simultáneo, el ministro de Economía, Luis Caputo, expuso en su cuenta de Twitter que "las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros, desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media".

Ambas declaraciones resultan paradójicas: Milei y Caputo fueron quienes firmaron el decreto 70/2023 en diciembre del año pasado, que, entre otros puntos, desreguló los precios de las prepagas y habilitó subas promedio del 150% en apenas tres meses.

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El DNU eliminó el eje central de la ley 26.682, que regulaba a las empresas de medicina, derogando los incisos g y m del artículo 5, los artículos 18 y 19, el inciso a del artículo 25 y el artículo 27. La mayoría de esos artículos ponían algún tipo de freno a los aumentos de precios al condicionar las subas a la evolución de los costos de las empresas.

Sumado a ello, el decreto de Milei sustituyó el artículo 17, que habilitaba a las prepagas a cobrar una variación máxima de tres veces entre franjas etarias previa autorización de la autoridad de aplicación, la cual tenía la obligación de comprobar que dicha diferencia estuviera fundada en variaciones de la estructura de costos y un razonable cálculo actuarial de riesgos.

La nueva versión de ese artículo, simplemente habilita el cobro diferencial hasta tres veces, pero no lo condiciona a ningún tipo de autorización previa que tome en cuenta análisis de costos y riesgos. De este modo, quitó todo tipo de protección sobre personas mayores o con afecciones particulares, habilitando para esos grupos vulnerables subas muy por encima del 150 por ciento promedio.

En este marco, Nicolás Oszust -abogado especialista en Derecho a la Salud-, estuvo presente en No Estamos Solos, el programa de El Resaltador en Mostri TV, dialogando sobre dicha desregulación y cómo impactó esta medida en los usuarios.

El abogado resaltó que, antes del DNU, no era usual que las personas consulten por el costo de las prepagas. Por el contrario, las preguntas tenían que ver con prestaciones o continuidad afiliatoria una vez que se jubilaban.

"El valor de la cuota era algo que estaba sostenido dentro de lo esperable para cada uno de los afiliados. Con el decreto 70/2023 y la desregulación de los precios de los planes de cobertura médica, lo que pasó es que hubo una oleada de reclamos, en general mediante amparos, para poder garantizar que con una medida cautelar se pueda retrotraer ese aumento hasta que se discuta y se resuelva cuál es el valor real que tendría que tener", agregó.

A partir de allí, lo que ocurrió fue que distintas personas iniciaron ese reclamo, por ende los jueces entendieron que esos amparos particulares iban a tener un impacto sobre todos los usuarios de esas empresas de medicina prepaga. De este modo, se volvieron reclamos colectivos.

"De esa manera, lo que se logra es que cualquiera que quiera hacer un reclamo pueda adherirse al mismo porque, a fin de cuentas, cuando se dicte la sentencia, va a impactar en todas las afiliaciones que estén dentro de ese colectivo que se agrupó en el objeto del amparo", explicó Oszust.

Es por ello que, actualmente, hay tres grandes juicios colectivos. "Uno que tiene que ver con los afiliados de la empresa de medicina prepaga del Hospital Italiano en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, otro contra OSDE que está en Concepción del Uruguay en Entre Ríos y otro que se llama causa Wilson que es contra el Estado nacional", aclaró el abogado y agregó que ese último está en la Corte, en la Capital Federal.

A la vez, todos los reclamos individuales que las personas hicieron contra esas empresas de medicina prepaga o contra cualquier otra están avanzando. "La Justicia no solo va a ver si ese aumento está ajustado a derecho, sino que va a ver si el decreto está ajustado a derecho y si se hizo de la manera correcta".

Cartelización de prepagas

Consultado sobre el impacto directo de esta desregulación, el abogado explicó que "la consecuencia automática fue la cartelización. Todas subieron lo mismo, en la misma proporción, enero, febrero, marzo y ahora abril. Entre el 20 y el 30 de diciembre los aumentos fueron del 40, del 41, del 44, del 39%".

"Esto demuestra que las empresas de medicina prepaga se pusieron de acuerdo en los aumentos. Además, no está explicado por qué sube ese porcentual. Porque no solo que liberan los precios, sino que tampoco justifican por qué esos aumentos. Esto es gravísimo porque le quita la posibilidad al órgano estatal que es la Superintendencia de Servicios de Salud, que confronte no solamente los aumentos sino la calidad del servicio que van a prestar por plan", resaltó.

El abogado aseguró que hay usuarios que en diciembre pagaban 80 mil pesos y pasaron a pagar hasta 350 mil, en poco tiempo, superando incluso sus propios haberes.

Para cerrar, Oszust dijo que es "sano" rediscutir "el sistema de salud, pero eso no lo podés hacer con la gente afuera". Esto último se liga justamente al nudo central de la problemática: personas que se endeudan para pagar el servicio y que en unos meses ni siquiera podrán acceder a él.

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