El Gobierno eliminó casi mil normas que regulaban la producción y comercialización del vino argentino. La medida, celebrada por los defensores del “achicamiento del Estado”, reduce drásticamente la fiscalización en el sector y reaviva viejos fantasmas sobre la seguridad y calidad del consumo.
La Resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial, dispuso la derogación de 973 normas que hasta ahora regían la producción, comercialización y exportación de vinos en la Argentina.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) avanzó así en una profunda “desregulación” del sector, elaborada junto a la Secretaría de Agricultura y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
En términos concretos, el nuevo marco implica la eliminación del 80% de las disposiciones vigentes, lo que reducirá unas cinco mil inspecciones presenciales al año y suprimirá declaraciones juradas semanales, permisos de tránsito y sanciones por demoras en trámites administrativos.
Según el presidente del INV, Carlos Tizio, y el ministro Federico Sturzenegger, la medida se enmarca en el plan de “modernización del Estado”. “Dejamos atrás décadas de burocracia absurda”, sostuvo Sturzenegger, quien aseguró que el control ahora se centrará en la etapa final de la cadena, reduciendo la presencia de inspectores en las bodegas. “Menos burocracia significa menos oportunidades para la corrupción”, argumentó.
Sin embargo, la desregulación plantea serias dudas entre los propios representantes de la industria, que se preguntan cómo se garantizará la trazabilidad y autenticidad de los productos sin un esquema de control robusto.
Un punto sensible es la opcionalidad de las certificaciones de origen, añada y varietal, requisitos que a partir de ahora solo serán obligatorios para exportaciones cuando lo exijan los países compradores.
Argentina produce cerca de 900 millones de litros de vino al año y exporta por unos 800 millones de dólares, un rubro que combina fuerte identidad cultural, peso económico y relevancia sanitaria.
El eco de una tragedia
Las voces críticas recuerdan un antecedente que marcó a fuego la historia vitivinícola del país. Entre febrero y marzo de 1993, la adulteración de vinos en damajuana con alcohol metílico provocó 29 muertes y decenas de personas con secuelas neurológicas y pérdida de la visión.
El caso, que involucró a la bodega Nietos de Gonzalo Torraga, reveló la falta de controles efectivos y derivó en la intervención del INV.
A la luz de esa tragedia, la decisión de suprimir inspecciones en nombre de la “eficiencia” y la “libertad de mercado” despierta una alarma legítima: ¿qué garantías reales tendrán los consumidores ante un Estado que se retira de su función de fiscalizar?
En un país donde las políticas de desregulación suelen presentarse como sinónimo de modernización, el riesgo es que la libertad empresarial se imponga sobre la seguridad pública, y que las lecciones del pasado vuelvan a pagarse con las mismas consecuencias de siempre.
