Frente al ajuste del Gobierno nacional, el medio de comunicación autogestivo defiende el espacio de promoción de la Memoria y los DDHH «Virrey Cevallos».
La cooperativa Grito del Sur, medio de comunicación autogestivo, se defiende contra el ajuste del Gobierno Nacional que pretende desalojar el espacio de Memoria en donde funciona su redacción, el ex Centro Clandestino de Detención (CCD) Virrey Cevallos.
La redacción de la cooperativa Grito del Sur funciona en este sitio de Memoria desde hace más de ocho años. Lo hace en el marco de la Ley 26.691 que protege y promueve el uso de estos espacios para actividades educativas, culturales y de investigación en materia de derechos humanos.
Hoy, sus trabajadores están en peligro de ser expulsados por el ajuste de Milei, que entre los múltiples actores y sectores que decidió atacar se ha ensañado especialmente con los espacios de memoria, ansioso por venderlos, transformar sus funciones, desfinanciarlos y/o eliminarlos.
En diálogo con Tiempo Argentino, Yair Cybel, editor de la cooperativa, explica: “La cooperativa se conformó en 2012 y desde 2017 estamos en Cevallos. Firmamos un convenio con Osvaldo López, que era el coordinador del sitio. Funcionamos en el marco de la ley de sitios de memoria, que contempla justamente esto: la difusión, la promoción, la investigación sobre derechos humanos”.
Ademas, Cybel recuerda que fueron los propios trabajadores, con dinero de su bolsillo y a lo largo de los años, los que revalorizaron el espacio que estaba venido abajo, convirtiéndolo en lo que es hoy.
«Pintamos, pusimos el piso, arreglamos la instalación eléctrica. Lo hicimos nuestro porque entendemos que es una forma de honrar la memoria y construir presente”, detalla Cybel.
La estrategia del Gobierno para hacer desaparecer espacios de Memoria
La noticia del desalojo del Virrey Cevallos se enmarca como una de varias acciones ejecutadas por funcionarios del Gobierno Nacional con la clara intención de transformar los espacios de Memoria, vaciarlos, quitarles su lugar en la historia y en el presente de los argentinos.
Avanzarán hasta donde el pueblo se lo permita, y por eso es tan importante frenarlos acompañando la lucha que libran los trabajadores, en este caso de Grito del Sur, contra el ajuste.
Impulsados por el presidente Javier Milei y ejecutados por Alberto Baños, actual responsable de la Secretaría de Derechos Humanos, los recortes en políticas de memoria, verdad y justicia se multiplicaron.
En el Virrey Cevallos se despidieron trabajadores: ya en enero de este año, no contaban con personal fijo en el espacio. Ante la resistencia del Grito del Sur para impedir los despidos, comenzaron a llegar mensajes intimidatorios por parte de Emilce Gallo, directora de Sitios de Memoria, y se firmó una resolución que anula todos los convenios vigentes.
El objetivo es claro: vaciar estos lugares de contenido, participación y vida colectiva. Pero también es importante entender estos espacios como políticas de Estado, en donde el Estado se hace cargo de su sostenimiento, asume legalmente una responsabilidad y un compromiso.
El periodista Cybel enfatiza la importancia de estos sitios: “Nuestro trabajo no es solo estar ahí. Hemos visibilizado sitios que aún no están señalizados. Investigamos a civiles responsables de la dictadura, a empresarios que se beneficiaron del terrorismo de Estado. Participamos en inspecciones oculares como la del centro SIFA, en Viamonte y Riobamba. También sacamos a la luz casos como el de la casa Franklin en Caballito. Todo eso molesta”.
Resistencia organizada para resguardar la memoria
Esta semana, los trabajadores de Grito del Sur realizarán una conferencia de prensa contra el ajuste junto a sindicatos, organizaciones de DDHH, universidades, agrupaciones políticas y la Mesa Política de Cevallos, también afectada por la avanzada oficial.
“Estamos organizados, con patrocinio legal, y vamos a defender nuestro derecho a permanecer ahí”, afirma Cybel, y agrega: “Capaz suene grandilocuente, pero nosotros nos sentimos guardianes de la memoria. Y estamos decididos a dar la pelea”.
Más allá de cuestiones administrativas, el desalojo es entendido por los trabajadores como un ataque a la Memoria, a la libertad de expresión y a la democracia como construcción colectiva, y la tarea de defender estos espacios es de todos y es urgente.
