La CGT marchó a Tribunales y presentó un recurso de amparo contra la reforma laboral aprobada en el Congreso. Denunció que vulnera el artículo 14 bis de la Constitución y principios de la OIT, y solicitó que la Justicia declare su inconstitucionalidad.
La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizó este lunes 2 de marzo hacia el Palacio de Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires para presentar un recurso de amparo contra la ley de reforma laboral sancionada el viernes 27 de febrero por el Congreso y que aún no fue promulgada por el Poder Ejecutivo.
La central obrera solicitó tanto al fuero Laboral como al Contencioso Administrativo que declaren la inconstitucionalidad de la norma, al considerar que implica un retroceso en materia de derechos laborales y contradice garantías establecidas en la Constitución Nacional.
Planteo de inconstitucionalidad
En su presentación judicial, la CGT argumentó que la reforma afecta el artículo 14 bis de la Constitución y vulnera principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que poseen jerarquía constitucional en la Argentina.
Desde la central sindical calificaron a la iniciativa oficial como “regresiva” y señalaron que altera el carácter protector de la legislación laboral vigente. Según el documento difundido tras la presentación, la norma desconoce el principio de progresividad -que impide retrocesos injustificados en derechos ya adquiridos- y el principio protectorio, que busca equilibrar la relación desigual entre empleador y trabajador.
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Además, sostuvieron que la ley afecta derechos como la protección frente al despido arbitrario, la huelga, la negociación colectiva, la libertad sindical y la seguridad social.
Entre los puntos más cuestionados, la CGT mencionó la posibilidad de establecer jornadas laborales de hasta 12 horas, la eliminación de horas extras con su consecuente impacto salarial, la supresión de sanciones para empleadores que incumplan aportes y la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para abonar indemnizaciones en cuotas, financiado -según denunciaron- con aportes de los propios trabajadores.
La palabra del triunvirato
La movilización fue encabezada por el triunvirato que conduce la central: Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros).
“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, afirmó Sola ante la prensa. El dirigente aseguró que la presentación judicial forma parte del proceso de rechazo que la CGT viene sosteniendo desde que comenzó el debate parlamentario.
Por su parte, Argüello cuestionó las recientes declaraciones del presidente Javier Milei sobre la evolución del empleo. “Decir que bajó el desempleo es una locura total. Se han perdido 270.000 puestos de trabajo”, sostuvo, y calificó el discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa como “un show” sin anuncios concretos sobre generación de empleo.
El dirigente camionero también advirtió que el modelo económico actual “ya fracasó en la Argentina” y que, a su entender, se trata de un esquema que beneficia a una minoría.
En la misma línea, Jerónimo afirmó que distintos sectores comienzan a cuestionar su acompañamiento a la ley. “No tiene ningún impacto beneficioso para la vida de los trabajadores”, señaló, y criticó la falta de anuncios vinculados al desarrollo productivo y al empleo.
Impacto económico y advertencias
En su comunicado, la CGT vinculó la reforma laboral con el contexto económico general y sostuvo que en los primeros años de la actual gestión se perdieron más de 300.000 empleos. También mencionó un aumento de la desocupación, el cierre de pymes y comercios, la caída del poder adquisitivo, del consumo, de la inversión y de la recaudación.
“La CGT, coherente con su compromiso doctrinario, asume su responsabilidad histórica resistiendo y rechazando por todos los medios a su alcance esta reforma regresiva y perniciosa”, concluye el texto difundido tras la presentación judicial.
Ahora será la Justicia la que deberá resolver si hace lugar al planteo de la central obrera y avanza en la revisión de la constitucionalidad de la norma, en un escenario de alta tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical.
