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La AFI denunció espionaje ilegal durante el gobierno de Macri

La denuncia penal fue presentada por la titular de la actual intervención de la agencia, tras el hallazgo de unos 80 correos electrónicos que serían parte de un "proceso de espionaje ilegal". Cristina Caamaño, actual interventora de la AFI por parte del Gobierno nacional, envió este martes una seria denuncia a Comdoro Py. La presentación, […]

Por Cristian Dominguez | 05/27/2020

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27/05/2020

La denuncia penal fue presentada por la titular de la actual intervención de la agencia, tras el hallazgo de unos 80 correos electrónicos que serían parte de un "proceso de espionaje ilegal".

*Gustavo Arribas (foto izquierda) extitular de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri.*

Cristina Caamaño, actual interventora de la AFI por parte del Gobierno nacional, envió este martes una seria denuncia a Comdoro Py. La presentación, que se de manera electrónica, sostiene que en la Agencia Federal de Inteligencia hubo un "proceso sistémico de inteligencia ilegal" durante la gestión de Cambiemos.

Dicho proceso se trata de un supuesto espionaje montado por la agencia hacia personas vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes, sindicalistas y dependencias de fuerzas policiales y hasta un gobernador.

Tras el sorteo de rigor, la denuncia, que anticipan que tendrá un alto impacto político, cayó en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Jorge Di Lello.

Este martes trascendió la lista de personas que fueron espiadas ilegalmente durante la gestión de Mauricio Macri, según detalla la denuncia. Entre ellos están por un lado personas afines a Juntos por el Cambio: la ex titular de la Oficina Anticorrupción y confesa enamorada de Mauricio Macri, Laura Alonso; el entonces jefe de la bancada del PRO en la Cámara de Diputados, Nicolás Massot; el periodista Luis Majul; los radicales y socios políticos Mario Negri, Ernesto Sanz y Ángel Rozas; el ex embajador de Cambiemos en Uruguay Mario Barletta; el entonces gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien mantenía buenos lazos con el Ejecutivo nacional; el secretario general del gremio de Sanidad, Héctor Daer; y muchos más.

Entre los dirigentes que no formaban parte del gobierno de Cambiemos fueron espiados el diputado Rodolfo Tahilade, la ex abogada de Milagro Sala y actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta; la diputada Gabriela Cerruti; el ex titular de la Afsca Martín Sabatella; el actual gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; el diputado del Frente de Todos Marcos Cleri; la actual ministra de Educación de Tucumán, Silvia Rojkés; y el actual embajador designado por la Argentina ante la OEA, Carlos Raimundi; entre otros. Además, fueron espiados los mails de varias dependencias de fuerzas policiales, entre ellas, de la Comisaría 3ª de Avellaneda; la Superintendencia General de la Policía Bonaerense, la Policía de Lanús y la Policía Científica.

La denuncia

Según lo que descubrió la gestión interina de la AFI a cargo de Caamaño, al menos desde el 02 de junio de 2016, bajo el mando de Gustavo Arribas, la Agencia realizó espionaje desde una computadora de la propia entidad, sobre correos electrónicos privados de casi cien personas.

La información fue recuperada de un disco rígido marca Western Digital, que había sido borrado, pero cuyo contenido pudo ser recuperado.

Los delitos a investigar se enmarcan en la posible violación del artículo 4 incisos 2, 5 y 43 de la Ley de Inteligencia Nacional. Según el texto de la demanda, las tareas de inteligencia que se detectaron no fueron “ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido”, por lo que “debemos hablar lisa y llanamente de producción de inteligencia ilegal”.

Por eso, en la misma denuncia la AFI pide que se llame a declaración indagatoria al agente que estaba a cargo de esa computadora, a otros cinco integrantes del organismo, incluyendo al propio Arribas, como responsable directo de las presuntas maniobras irregulares. Pero, además, la presentación judicial extiende el pedido de indagatoria al ex presidente Macri, "en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional".

A partir de un “análisis de rutina” llevado a cabo por la intervención, en el disco rígido “se encontraron rastros digitales que dan cuenta de la conexión de dispositivos externos a este disco -pendrives-, en los que se almacenaba la información obtenida sin orden judicial. Según el escrito, “del análisis surge que se procedió al borrado de la información que el mismo contenía, pero no de manera segura, por lo que fue posible reestablecerla”. El escrito afirma que no se trató de hechos aislados, sino que fue “un proceso sistémico de colección de información correspondiente a correos electrónicos privados” sin ningún viso de legalidad.