El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi pidió colaboración a Estados Unidos para avanzar en la investigación contra el titular de ARCA, Andrés Gerardo Vázquez, por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y omisión de bienes en sus declaraciones juradas. La pesquisa apunta a tres departamentos de lujo en Florida valuados en más de dos millones de dólares.
La Justicia federal profundizó la investigación sobre el patrimonio del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Gerardo Vázquez, quien quedó bajo la lupa por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y la posible omisión deliberada de bienes en sus declaraciones juradas.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi libró exhortos a las autoridades de Estados Unidos para obtener información clave sobre tres inmuebles ubicados en el estado de Florida, valuados en más de dos millones de dólares, cuya propiedad se le atribuye al funcionario y que nunca fueron informados ante la Oficina Anticorrupción ni en sus presentaciones patrimoniales.
La medida fue impulsada tras un dictamen del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien sostuvo que existen elementos suficientes para avanzar en una eventual indagatoria contra Vázquez. Según el fiscal, el funcionario habría incurrido en el delito de omisión maliciosa al no declarar su vínculo con sociedades extranjeras que aparecen como titulares de los inmuebles.
La trama societaria bajo investigación
De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), los departamentos fueron adquiridos entre 2013 y 2015 mediante las sociedades panameñas Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp. Posteriormente, ambas quedaron bajo el control de Galanthus Capital Limited, una firma radicada en las Islas Vírgenes Británicas, donde Vázquez figura como beneficiario final.
La investigación también detectó que, desde 2021, las hijas mellizas del funcionario ocupan los cargos de secretaria y tesorera de las sociedades panameñas.
Entre los principales indicios reunidos por los investigadores figura el hecho de que Vázquez y su exesposa, Silvia Ivone Rodríguez -también funcionaria de ARCA-, abonaron más de 136.000 dólares en impuestos municipales correspondientes a las propiedades entre 2014 y 2018, además de haber recibido a su nombre los cheques de reintegro emitidos por las autoridades estadounidenses.
A ello se suma que las hijas del funcionario residen desde 2022 en uno de los departamentos, ubicado en Sunny Isles, mientras que el domicilio declarado por Vázquez en Puerto Madero figura como sede de una de las sociedades en los registros oficiales del estado de Florida.
La defensa del funcionario
Según trascendió desde el Gobierno, Vázquez aseguró que los inmuebles no le pertenecen y que serían propiedad de un tercero. Sin embargo, esa persona nunca fue identificada ni presentada formalmente ante la Justicia, lo que mantiene abiertas las sospechas sobre la verdadera titularidad de los bienes.
La evolución de la causa dependerá ahora de la respuesta que brinden las autoridades estadounidenses. Fuentes judiciales señalaron que este tipo de pedidos de cooperación internacional pueden resolverse en pocos meses o extenderse durante varios años, dependiendo de los requerimientos adicionales que formulen los organismos extranjeros.
Más medidas de prueba
Además de solicitar información a las autoridades estadounidenses, el juez requirió datos a los bancos Bank of America, PNC y Wells Fargo para determinar si Vázquez, su familia o las sociedades investigadas poseen cuentas bancarias en esas entidades.
En paralelo, también pidió informes a distintos organismos argentinos, entre ellos ARCA, el Banco Central y el Colegio de Escribanos.
La Procuraduría amplió además el foco de la investigación hacia un posible esquema de lavado de activos y evasión tributaria. En ese marco incorporó al expediente a Consultora San Andrés S.A., una empresa controlada mayoritariamente por Vázquez y su hermana, que no registra empleados y que, según la hipótesis fiscal, podría haber funcionado como una sociedad pantalla.
Otro de los puntos bajo análisis es la compra de un triplex de 318 metros cuadrados en el complejo Los Molinos Building, en Puerto Madero. La escritura refleja una operación cercana a los 226.000 dólares, aunque la PIA sostiene que inmuebles similares se comercializaban entonces por más del doble de ese valor, lo que podría constituir un indicio de subvaluación.
