Por primera vez, un tribunal internacional reconoció el cuidado como un derecho humano autónomo, inseparable de la salud sexual y reproductiva. El fallo de la Corte IDH obliga a los Estados a implementar políticas que lo garanticen en condiciones de igualdad, un precedente clave para América Latina.
En un hecho sin precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró que el derecho al cuidado (incluyendo el derecho a cuidar, ser cuidado y ejercer el autocuidado) es un derecho humano autónomo.
La Opinión Consultiva 31 establece que este derecho es inseparable del acceso a la salud sexual y reproductiva, y que debe garantizarse con tiempo, recursos y espacios que permitan a todas las personas desarrollar un proyecto de vida con autonomía.
El fallo marca un antes y un después para América Latina, al exigir a los Estados políticas públicas, reformas legales y laborales que promuevan una distribución equitativa de las tareas de cuidado, reconozcan su valor económico y eliminen los estereotipos de género que lo asignan casi exclusivamente a las mujeres.
El impacto en Argentina: una deuda histórica con las mujeres
En Argentina, el 90% del trabajo de cuidado no remunerado es realizado por mujeres, según datos de la Universidad Católica Argentina (UCA, 2024). Las tareas abarcan desde la alimentación y la higiene hasta el acompañamiento, medicación, cuidados sanitarios, recreación y gestiones administrativas.
El reconocimiento internacional da respaldo a políticas como el Reconocimiento de Aportes Jubilatorios por Tareas de Cuidado, que desde 2021 permitió a más de 190.000 madres acceder a una jubilación, y abre el debate sobre la ampliación de licencias de paternidad, la creación de infraestructura de cuidados y la reducción de las desigualdades estructurales.
Cuidado, autocuidado y salud sexual y reproductiva
La Corte IDH también reconoció que el autocuidado está intrínsecamente vinculado al acceso a la salud sexual y reproductiva. Esto implica que los Estados deben garantizar información y servicios que permitan decisiones libres e informadas sobre embarazo, parto y maternidad.
A nivel global, las mujeres realizan el 76,2% del trabajo de cuidado no remunerado, dedicando 3,2 veces más tiempo que los hombres a estas tareas. Esta desigualdad afecta la autonomía reproductiva y perpetúa la discriminación estructural, agravada por factores como la edad, la etnia, la posición socioeconómica o la discapacidad.
Un precedente regional y un llamado a la acción
Para Catalina Martínez Coral, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, “reconocer el cuidado como un derecho humano autónomo es saldar una deuda histórica”. El desafío, sostiene, es erradicar los estereotipos de género y garantizar servicios integrales de salud que pongan en el centro el bienestar y la dignidad de las personas.
En el actual contexto argentino, con retrocesos en políticas de género y un sistema de salud pública tensionado por el ajuste, este pronunciamiento se convierte en una herramienta jurídica y política de gran relevancia para las demandas feministas y sociales.
El mensaje de la Corte IDH es claro: el cuidado ya no es solo responsabilidad de las familias, sino una obligación compartida por toda la sociedad y el Estado, en condiciones de igualdad y dignidad.
Con información de La Nota Tucumán.
