El escrito expone la necesidad de preservar el sitio en cuestión, puesto que se trata de un espacio de memoria, que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.
Carlos Gonella (fiscal General) junto a Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo (auxiliares fiscales de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado en argentina, jurisdicción Córdoba) solicitan que el juez Sánchez Freytes “ordene con carácter de urgente una medida de no innovar en relación al sitio en el que funcionara como centro clandestino de detención conocido como “Perla chica” o “Malagueño”.
El escrito resalta que es fundamental «preservar» el lugar en cuestión, luego de que se pusiera a la venta mediante el Decreto 950/2024, porque «a la fecha hay delitos de lesa humanidad en plena investigación que están directamente relacionados» con el espacio.
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La resolución, publicada en el Boletín Oficial, anunció que el Poder Ejecutivo Nacional había autorizado a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a “a disponer, enajenar y/o transferir inmuebles del Estado nacional” entre los que se encuentran varios inmuebles ubicados en la localidad de Malagueño.
En este lugar funcionó un centro clandestino de detención y existen hipótesis fiscales vinculadas a víctimas que habrían estado alojadas en las instalaciones de lo que conoce como “Perla chica” y/o “Malagueño”.
Con información de Prensa Red.
