La actriz cuestionó la iniciativa impulsada por la senadora radical y alertó que no existen datos que justifiquen endurecer penas. Señaló que el problema central es la dificultad de acceso a la justicia para quienes denuncian violencia de género.
En medio de la polémica por el proyecto de ley que busca endurecer las penas contra las denuncias falsas, la actriz Thelma Fardin rechazó públicamente la iniciativa presentada por la senadora de la UCR Carolina Losada y advirtió sobre sus posibles consecuencias.
A través de sus redes sociales, Fardin cuestionó el sentido de la propuesta y apuntó contra el impacto que este tipo de debates puede tener en quienes atraviesan situaciones de violencia de género. “Seguir sembrando desconfianza en las personas que se atreven a hablar es cruel”, sostuvo, al tiempo que remarcó la ausencia de estadísticas que respalden la idea de un crecimiento de denuncias falsas.
La actriz subrayó que el sistema legal argentino ya contempla herramientas para sancionar este tipo de situaciones. En este sentido, recordó que el Código Penal incluye figuras vinculadas a denuncias infundadas y que, además, existen instancias civiles para abordar injurias o daños y perjuicios. Desde esa perspectiva, cuestionó la necesidad de avanzar con nuevas figuras legales y criticó el uso de recursos públicos en iniciativas que, según planteó, no atienden los problemas estructurales del acceso a la justicia.
Fardin también puso en discusión el diagnóstico que sostiene el proyecto. “No hay estadísticas sobre falsas denuncias. Sí hay sobre la dificultad de las mujeres para acceder a justicia”, afirmó. Para reforzar su postura, citó datos de ONU Mujeres, según los cuales apenas el 1% de las denuncias a nivel mundial serían falsas.
En contraposición, la actriz remarcó el alto nivel de subregistro en casos de violencia de género. Según indicó, el 77% de las mujeres que sufrieron este tipo de violencia no realiza denuncias, lo que refleja un escenario marcado por el miedo, la falta de acompañamiento y las barreras institucionales.
En su exposición, Fardin detalló los múltiples obstáculos que enfrentan las víctimas al momento de acudir a la justicia: costos económicos, exigencias probatorias difíciles de cumplir, revictimización y presión social. “No ganás plata cuando denunciás, al contrario: pagás abogados, pericias, traslados”, explicó, y señaló que muchas veces el entorno social y mediático refuerza los prejuicios.
También hizo foco en la revictimización institucional, ejemplificando con preguntas frecuentes hacia quienes denuncian, como “¿por qué hablás recién ahora?”. A eso sumó el impacto emocional y personal de los procesos judiciales, que pueden extenderse durante años.
Otro de los puntos que destacó fue el bajo nivel de condenas. Según señaló, en Argentina ronda el 15%, mientras que en América Latina desciende al 1%. “No hay un 85% o 99% de mujeres yendo a la justicia porque no tienen nada mejor que hacer”, afirmó.
Fardin, quien se convirtió en una referente del movimiento contra la violencia sexual tras denunciar al actor Juan Darthés, utilizó su experiencia personal para dar cuenta del desgaste que implican estos procesos. Recordó los años de exposición pública, cuestionamientos y violencia mediática que atravesó durante el juicio.
El debate se reactivó luego de que Losada presentara un proyecto para incorporar penas de prisión y multas económicas para quienes realicen denuncias falsas en causas de violencia de género. La senadora defendió la iniciativa al sostener que “le puede pasar a cualquiera” ser víctima de una acusación infundada, aunque reconoció que no existen estadísticas oficiales que dimensionen el fenómeno.
Frente a esto, Fardin planteó que la prioridad debería estar en mejorar el funcionamiento del sistema judicial. Señaló la falta de celeridad en los procesos y la ausencia de políticas orientadas a la formación de operadores judiciales con perspectiva de género.
En este marco, advirtió que avanzar con este tipo de proyectos puede profundizar el miedo a denunciar y consolidar prejuicios que ya operan como barreras. “El problema no es que sobren denuncias falsas, sino que faltan condiciones para que las víctimas puedan acceder a justicia”, sintetizó.
