Río Negro y Córdoba comparten experiencias de luchas similares en el ámbito universitario. En ambas provincias, el 2018 marcaría un hito en el movimiento estudiantil.
Por Emi Urouro
Tres años atrás, miles de estudiantes y docentes en todo el país salieron a reclamar mayor presupuesto para la educación pública.
En 2018, 57 universidades fueron paralizadas y 90 edificios públicos fueron tomados. Además, se organizaron asambleas y hubo movilizaciones, a raíz de la caída abrupta de los salarios de trabajadores de la educación por debajo de la línea de infracción, sumado al riesgo concreto del cierre de instituciones educativas por falta de presupuesto.
En esta oportunidad, hablaremos de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), y mencionaremos un hecho que si bien, no comparte las mismas características, también se dio en contexto de lucha por la educación pública, el caso de Jujuy.
El movimiento estudiantil tomó el vicerrectorado de la UNRN, para acompañar la lucha salarial docente y visibilizar la crisis edilicia por la que atraviesa la institución educativa. Tres meses duro esa medida, con un mega-operativo de Gendarmería Nacional se desalojó por la fuerza al edificio.
Esta acción de lucha fue judicializada por las propias autoridades de la universidad que abrieron un sumario para expulsar a 14 estudiantes, que habían participado de la toma. Además, seis alumnos/as y dos docentes fueron citados a juicio oral.
Para hablar del tema, nos comunicamos con Samara, ex estudiante universitaria – fue expulsada por participar de las medidas del 2018- procesada.
«Nos elevan a juicio y nos acusan por los delitos de usurpación,y coacción agravada. Me parece interesante profundizar en esto porque ambos delitos tienen una pena máxima de 13 años, no es un delito excarcelable, o sea, está la posibilidad de que si nos condenan podemos ir presas»
Samara, estudiante procesada de Río Negro
2 años y medio después, el Tribunal Oral Federal integrado por Simón Pedro Bracco, Alejandro Cabral y Orlando Coscia decidió rechazar varios planteos de nulidades que presentaron por las irregularidades de la causa, lo que implica que es pronta y cierta la realización del juicio.
La entrevistada nos comentó que ya pasaron por la instancia de presentación de pruebas, por lo tanto, están esperando la fecha de inicio del juicio. Así es, estudiantes pueden ir presos por defender el reclamo de un sueldo digno para docentes y exigir una educación pública de calidad.
Samara resaltó que las dos tomas que fueron criminalizadas en el país, en el marco del 2018, fueron las de Río Negro y Córdoba. Agregó que desde un principio mantuvieron contacto con las y los estudiantes de nuestra provincia, que están en una situación similar a la de ellos.
Dato: En Córdoba también requirieron la elevación a juicio del estudiantado que participó en la toma, de 27 alumnos y alumnas.
Como la UNRN expulsó a quienes organizaron el plan de lucha de 2018, los espacios de activismo, es decir, de reclamo por el desprocesamiento, se dieron por fuera del ámbito universitario, pero Samara descató que mantienen medidas coordinadas con otras/os estudiantes que aún forman parte de la institución.
«El año pasado, en contexto de pandemia, estuvo muy limitado el active. Ahora, con mayores libertades y menos restricciones, nos estamos organizando para afrontar esto que se viene, pero nosotras siempre nos mantuvimos coordinadas, posterior al 2018»
Samara, estudiante procesada de Río Negro
Córdoba y Río Negro mantienen dialogo por que atraviesan situaciones similares, pero en Jujuy, ese mismo año, estudiantes le reclamaban al gobernador Gerardo Morales por la educación pública.
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En aquel momento, un grupo de estudiantes realizó un acampe frente a la Casa de Gobierno de repudiando el cierre de los Centros de Estudios Integrales de Jóvenes y Adultos (CEIJA).
Hubo una ocupación de una sede del CEIJA y huelgas de hambre. La respuesta provincial fue enviar un enorme operativo policial, que hostigó y detuvo sin orden judicial a las y estudiantes que participaban de las medidas.
Se armó una causa contravencional, tres estudiantes y un docente fueron condenados, además, están obligados a pagar una multa que actualmente ronda los $60.000.
Ese monto fue saldado por el profesor (15 mil pesos en ese momento) y por una estudiante (50.000 pesos), representada por Mauro, Abogado del CeProDH, ya que te cobran los intereses desde que salió la primer sentencia del juzgado contravencional.
«Quedaron dos estudiantes a los que el Estado les va a iniciar un juicio de apremio para cobrar esta sentencia, que hay que ver de cuánto va a ser. No hay procesamiento, ni posibilidad de que se de uno, porque es un fuero contravencional por faltas, no es una causa penal, es decir, se aplica el código Contravencional que avala un régimen policíaco»
Mauro, Abogado del CeProDH y representante de la estudiante.
Por último, en dialogo con este medio, el letrado del CeProDH, recordó que el año pasado salió la sentencia del Tribunal Superior de Jujuy, que resolvió en última instancia rechazar el recurso extraordinario federal que presentaron para ir a la Corte Suprema.
Diferentes luchas, el mismo reclamo: salarios dignos para las y los docentes, una educación pública de calidad, con una infraestructura en condiciones. No se puede criminalizar la protesta, exigimos el desprocesamiento urgente de las y los estudiantes de Río Negro y Córdoba.