El ente que depende del Poder Ejecutivo será responsable de investigar la conducta del jefe de Estado y de quienes participaron en la promoción de la moneda $Libra, cuyo lanzamiento provocó pérdidas millonarias. Si se encuentran irregularidades, presentará una denuncia penal ante la Justicia.
Luego que el presidente Javier Milei promocionara la moneda digital $Libra, la Oficina Anticorrupción (OA) -que depende del Poder Ejecutivo- deberá indagar si el mandatario violó la Ley de Ética Pública N° 25.188.
Si se encuentran irregularidades, presentará una denuncia penal ante la Justicia.
El escándalo se debe a que el pasado 14 de febrero, Milei utilizó sus redes para impulsar la participación en la moneda digital “Viva la Libertad Project”, de la empresa KIP Protocol. La misma, que costaba US$ 0,000001, llegó a valer US$ 5,20.
Sin embargo, momentos después, los desarrolladores abandonaron el proyecto retirando los fondos de inversión.
Ante esto, el jefe libertario pidió disculpas públicas, y, tras más de un día de demora, la Oficina del Presidente (OPRA) anunció que intervendría la Oficina Anticorrupción, a cargo del abogado Alejandro Melik.
La medida tiene como objetivo determinar “si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente”. Cabe recordar que en enero de 2024, el propio Melik había anunciado lo siguiente: “Vamos a ser los primeros en denunciar cuando veamos hechos de corrupción”.
Estos dichos fueron expresados a raíz que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunciara que la OA y la Unidad de Información Financiera (UIF) dejarían de ser querellantes en las causas de corrupción y de lavado de dinero.
Críticas
Expertos en derecho constitucional, como Félix Lonigro y Andrés Gil Domínguez, cuestionaron la autonomía de la OA al depender del Ejecutivo.
Lonigro calificó la investigación como una «medida para la tribuna» y sugirió que el Congreso impulse una comisión independiente. Gil Domínguez, por su parte, destacó que el Código Penal castiga a funcionarios que intervengan en operaciones en beneficio propio o de terceros (art. 265).
La Oficina Anticorrupción (OA) está a cargo de un funcionario designado por el presidente de la Nación.
— Andres Gil Dominguez (@agildominguez) February 16, 2025
El Decreto 54/2019 dictado por Alberto Fernández dispuso que la OA fuese un organismo desconcentrado de la Presidencia de la Nación, tuviese rango y jerarquía equivalente a…
Además, criticó el hecho de que la Oficina Anticorrupción (OA) está a cargo de un funcionario designado por el presidente de la Nación, como Melik.
Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna.
— Javier Milei (@JMilei) February 15, 2025
No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole…
Desde Casa Rosada están ‘tranquilos’ por la investigación impulsada, al punto que descartan la posibilidad de que avance el pedido de juicio político impulsado en el Congreso y confían en que la investigación de la Oficina Anticorrupción terminará sin conclusiones para Milei.
“La Constitución Nacional, art. 53 determina que las causales de juicio político son solo tres: 1) el mal desempeño, y es relativa a la administración del Gobierno. 2 y 3) la comisión de delitos, que requieren sentencia judicial previa. Por lo tanto, no existe casual”, indicaron desde el gobierno a Noticias Argentinas.
Sobre la investigación
En la investigación se determinará si el Presidente y/o algún funcionario incumplió la Ley de Ética Pública.
En el artículo 2, inciso G, la ley establece que el Presidente de la Nación debe «abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa«.
La Oficina Anticorrupción explorará el perfil de cada uno de los involucrados, incluso Milei, que hayan participado directa o indirectamente de la operatoria y su relación con el mandatario.
Los primeros en ser investigadores serán Hayden Mark Davis, quién estaría detrás del lanzamiento de $LIBRA, el CEO de KIP Protocol Julián Peh, y el trader Mauricio Novelli. Todos mantuvieron encuentros con Milei.
Será de gran importancia para la OA los ‘pormenores’ conversados y los acuerdos establecidos entre sí.
También tomará cartas en el asunto la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) compuesta por representantes de los órganos y organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, actividades financieras, lavado de activos, y otras áreas relacionadas.
Además de Davis, será investigada su firma “Kelsen Ventures” ya que el 30 de enero el desarrollador visitó la Casa Rosada. En las últimas horas se presentó como asesor del mandatario en materia de tecnología blockchain e inteligencia artificial.
A su vez, solicitaron todas las pruebas que involucren a Peh y KIP Protocol, quien se entrevistó con Milei el 19 de octubre, a las 18.30 horas, en un salón del hotel Sheraton Libertador.
Desde la oficina evaluarán además si el mensaje publicitado por Milei en su red social X encaja con alguna de las figuras penales de las que se lo acusa. De reconocer irregularidades o la malversación de fondos públicos, podrían elevar una denuncia penal a la Justicia.
Y agregan que en caso que no haya delitos de corrupción pero sí irregularidades administrativas, darán intervención al Ministerio de Justicia, a la Procuración General del Tesoro y al funcionario responsable del organismo “para que se labren las actuaciones administrativas y se apliquen las sanciones que correspondan”.
