Marta Lastra se pronunció en torno a la invisibilización de la discapacidad en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. En esta nota, el comunicado completo.
Pasado el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, Marta Lastra -abogada, miembro de Familias Cea Córdoba, TGD Padres TEA y presidente de Argentina Inclusiva- difundió un comunicado vinculado a la discapacidad y el relevamiento censal.
En este sentido, Marta manifestó que «el ansiado Censo 2022 se lleva a cabo por fin, porque lo esperamos hace dos años y por la pandemia que vivimos, se retrasó. Yo tuve la esperanza de que esa demora, posibilite la incorporación de la palabra discapacidad con todas sus letras. Eso no sucedió y perdimos la oportunidad de visibilizar realidades. Y lo más importante: los datos reales para el diseño de políticas públicas inclusivas«.
Te puede interesar: «¿Qué pasa si los censistas no pasaron por tu casa?»
«El tercer sector lo pidió a gritos, muchos funcionarios lo reclamaron, y aun así no fue suficiente. Se comprende que los institutos de cada país, que se ocupan de cuantificar la realidad, deben seguir sugerencias o consejos de los especialistas a nivel mundial, como el Washington Group on Disability Statistics (WG)».
«Esta fue la explicación desde el INDEC. Se prioriza una sugerencia de un organismo internacional, por sobre la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad, de jerarquía constitucional en nuestro país».
Asimismo, añadió que «Argentina se obligó a arbitrar los medios necesarios para contemplar todos los aspectos, requerimientos y necesidades de las personas con discapacidad, al adherir a la Convención y teniendo la oportunidad de marcar una diferencia cualitativa, no lo hace».
«Si no pudimos incorporar la palabra discapacidad en el censo, estamos lejos de la madurez para la modificación de la ley que la contempla»
Marta añadió que «el Ejecutivo a cargo no militó el concepto de discapacidad según el modelo social, para permitir comprender su alcance. Esto permitió que justifiquen semejante exclusión en «no querer estigmatizar a las personas» o por lo ambiguo de la palabra. ¿Se escuchó a las personas con discapacidad? ¿Hablaron con los organismos que militamos y vivimos la discapacidad como parte de nuestras vidas? Rotundamente, no.
«Ningún ejecutivo central, en estas décadas, formó a la sociedad según el modelo social. Abordar la realidad sin las bases denota que si no pudimos incorporar la palabra discapacidad en el censo, estamos lejos de la madurez para la modificación de la ley que la contempla«.
También te puede interesar: «Se lleva a cabo la Semana de Gobierno Abierto en la Legislatura»
«Estamos ante una modificación rodeada de grises, porque esa ley que fue sancionada en plena dictadura fue modificada 138 veces, prácticamente solo existe en su número. Cambiar la mirada sobre la discapacidad es necesaria, pero es imprescindible transmitir el espíritu del modelo social», agregó.
«Defender esta postura y lo necesario para que sea realmente llevada a la práctica es responsabilidad de todos, pero principalmente de los que tienen la oportunidad de gobernar. Lamentablemente con lo sucedido en el censo, nos constituimos toda la sociedad como barrera para que las personas con discapacidad puedan ser parte de la sociedad, el censo también es una barrera para la accesibilidad a sus derechos«.
«Los números son necesarios»
Marta Lastra explicó que «los números son necesarios. Saber cuántas personas con discapacidad y cuáles son mínimamente, a grandes rasgos los tipos y dificultades, también. Porque con ello se modifican los programas universitarios, y las currículas se deben adaptar a las necesidades: tener pediatras formados y que puedan orientar en detección temprana en el autismo, por ejemplo».
A lo anterior, agrega «tenemos más autistas y menos neuropediatras, conseguir turno en el sector privado puede llevar demoras de 5 meses y en el sector público, aproximadamente 10 meses, ¿y si se incentiva la especialidad o se arbitran medios para tener más espacios de formación?»
«Todo se puede planificar si se conoce la realidad donde estamos parados, o los números que posibilitan este mapeo. Conocer los diagnósticos o los tipos de discapacidades permite saber a dónde y en qué ajustar el nomenclador vigente. Conocer que hay más personas con discapacidad y las edades nos da las pautas para planificar el acompañamiento, por supuesto si fuese intención del gobierno».
Marta destacó algo fundamental: «hoy no se conoce cuántas personas con autismo tenemos en el país. No se puede saber a pesar de tener un Certificado de Discapacidad digital. Nos manejamos con estadísticas estadounidenses, y calculamos que si una persona cada 44 nace con autismo, tenemos cerca de un millón de autistas en Argentina«.
«Quizás formalizar esos números, enfrentaría a una realidad difícil para cualquier estado. ¿Por qué no se arbitran los medios para lograr el funcionamiento efectivo del sistema de prestaciones? Sin embargo, seguimos con prepagas con nomencladores paralelos, obras sociales que no autorizan prestaciones o dan de baja unilateralmente, y la persona con discapacidad solo con la opción de la Acción de Amparo».
Para finalizar, Marta se pregunta: «¿esperamos que nos toque de cerca para comprometernos y realmente abordar y acompañar a la persona con discapacidad en su todo? No es un problema de la ambigüedad en la terminología. No es un problema de la cantidad de lápices y hojas que demandan las preguntas. No es un problema de una sugerencia. Es una decisión política».