Ayer, comenzó una sesión en la Cámara Baja en la que se tratan 17 temas, que aún continúa. El que más controversia generó declara a la educación como servicio esencial con el objetivo de garantizar 180 días de clases por año, pero también limitando el derecho a huelga docente.
En Diputados, se aprobó un proyecto presentado por el diputado y ex ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, que declara la educación como «servicio esencial«.
El texto presentado en la comisión de Educación declara «la Educación como Servicio Estratégico Esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar, para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo».
En esta ocasión, se unificaron 8 proyectos similares con el apoyo de la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.
Actualmente, la educación no está declarada como servicio esencial porque su interrupción no pone en peligro la vida, la salud ni la seguridad.
Según publica infogremiales, el proyecto modifica el artículo 3° de la Ley de Educación Nacional (LEN) para incorporar allí la creación de un «Sistema de Guardias Mínimas Obligatorias». El Inciso C de ese artículo prevé, así, mecanismos para garantizar las guardias en caso de «medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente o no docente». Estipula que se deberá garantizar un mínimo de personal en medidas de fuerza:
- Si el paro o la huelga duran entre 1 y 2 días continuos o discontinuos, se deberá contemplar un porcentaje mínimo del 30% del cuerpo docente del establecimiento.
- A partir de los 3 días continuos o discontinuos se deberá contemplar un 50% de asistencia de la nómina de personal directivo, docente o no docente.
El proyecto, además de fijar el piso mínimo para los días de paro, establece un mecanismo interno dentro de las escuelas para que ese porcentaje sea garantizado. Así, en el artículo 4° del proyecto se lee que el equipo de conducción de cada establecimiento educativo deberá establecer, antes del inicio de los ciclos lectivos, «la nómina anual de personal docente y no docente» que estará afectado al cumplimiento de las guardias mínimas.
Por su parte, la ex diputada nacional del Frente de Izquierda, Miryam Bregman, señaló que hay una «una trampa en declarar la educación como servicio esencial». «Esta ley no implica que la educación sea prioridad y se le asigne el presupuesto necesario, sino que es una medida inconstitucional para prohibirles su legítimo derecho a manifestarse» indicó en línea con las organizaciones gremiales.
A su vez, agregó: «desde el gobierno sostienen que el proyecto está centrado en los derechos de las infancias. Nada más alejado de la realidad cuando la Argentina tiene 8,8 millones de niños, niñas y adolescentes bajo la línea de pobreza y 4,3 millones bajo la línea de indigencia, mientras ajustaron brutalmente el presupuesto educativo que viene achicándose año tras año».
Para tratar el proyecto, el oficialismo juntó avales de los bloques dialoguistas. La UCR pidió, en paralelo, una sesión para unas horas más tarde, en donde logró aprobar aumentos a los presupuestos universitarios, como cuestión de negociación.
Cabe aclarar que esta sesión se dio en el medio del paro universitario con el objetivo que se garantice el dinero para mejorar los salarios de docentes y no docentes.
Además, en la sesión se trataron otros temas, como:
- la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos.
- la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida fuera de él de fuerzas nacionales, para el Programa de Ejercitaciones Combinadas.
- tratados de extradición con República Checa, Brasil y Rumania.
- Modificación de la Ley de Armas.
- Expresión de repudio frente a el «fraude electoral venezolano perpetrado por el gobierno de Nicolás Maduro».
