En Córdoba está vigente la IVE, el dictamen del fiscal Delgado no suspende nada
Desde la Campaña por el Aborto Legal destacaron que la resolución del funcionario es solamente una opinión. Por Emi Urouro Juan Manuel Delgado, fiscal general de Córdoba, solicitó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que emita dictamen favorable a las cautelares que solicitan la suspensión de la aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del […]
Por Emilia Urouro | 08/13/2021
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Desde la Campaña por el Aborto Legal destacaron que la resolución del funcionario es solamente una opinión.
Por Emi Urouro
Juan Manuel Delgado, fiscal general de Córdoba, solicitó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que emita dictamen favorable a las cautelares que solicitan la suspensión de la aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), acción repudiada por las organizaciones feministas.
A pesar de la resolución del funcionario, desde la Campaña por el Aborto Legal Córdoba, destacaron que la IVE tiene plena vigencia en Córdoba: todas las mujeres y personas con capacidad de gestar pueden acceder a un aborto legal.
"La IVE sigue absolutamente vigente a pesar de este dictamen", aclaró Alejandra Domínguez, miembro de la Campaña.
Vamos a los hechos: se filtró el dictamen del Ministerio Público Fiscal en la causa que dirime la efectiva aplicación de la Ley 27.610 en Córdoba, es decir, sobre la apelación presentada por el legislador García Elorrio. En este texto, Delgado avala la suspensión del aborto en nuestra provincia. Por otra parte, esta información comenzó a circular antes de estar disponible para la vista de las partes involucradas.
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"Es una opinión que no necesariamente puede ser tenida en cuenta. Por eso, al no ser vinculante, no afecta de ninguna manera la vigencia de la Ley 27.610", aclaran desde la Campaña.
Otro dato a tener en en cuenta, es que se recusó la participación del fiscal Delgado en la causa judicial que busca suspender la aplicación de esta ley en la provincia que aún no fue resuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, pero aún así, el Fiscal General emitió dictamen.
En relación al punto anterior, desde la organización feminista explican que lo firmó junto al fiscal adjunto Pablo Bustos Fierro, con la intención de salvaguardar el escrito.
"Este dictamen es solo una opinión respecto de una causa que el TSJ aún debe resolver, que tiene que ver con una recusación no resuelta por un amparo judicial que se presentó a principio de año", dijo Domínguez.
Por otra parte, la entrevistada recordó que el funcionario se había expresado en contra de esta ley, por esa razón, más de 40 organizaciones de la sociedad civil advirtieron que su designación de ponía en riesgo la garantía de los derechos sexuales y no reproductivos.
En la misma línea, desde Católicas por el Derecho a Decidir Argentina (CDD), Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y Clínica Jurídica de Interés Público Córdoba (CLIP) manifestaron su preocupación por la resoución del funcionario:
"La suspensión del derecho a acceder a la IVE por medio de una medida cautelar implicaría un retroceso y un daño irreparable para las mujeres y personas gestantes de Córdoba, que se verían en desventaja respecto de otras habitantes del país".
¿Qué se sabe de Delgado? Para empezar, es pública su postura contra el aborto legal. Además, va en contramano respecto al pleno acceso a los derechos sexuales y (no) reproductivos, se sabe que trabajó como abogado en el estudio jurídico de Jorge Rafael Scala, quien ha conducido acciones en contra de esos derechos.
Por ejemplo, trabajaron en el recurso de amparo en contra del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y una acción en contra de la anticoncepción de emergencia.
Contra estas opiniones que atrasan, Alejandra reiteró que el aborto legal ,seguro y gratuito esta plenamente vigente en nuestra provincia, así como ha está vigente en todas las provincias, a lo largo y ancho del país.
Los grupos anti derechos intentan obstaculizar esta normativa, pero no obtienen resultados, esto se debe, en gran parte, al movimiento feminista que lucha por la efectiva implementación de ley 27.610. En esa línea, Domínguez destacó que la ley de IVE tiene una política publica que ha permitido garantizar un derecho demandado y reclamado largamente.
