Elevan a juicio una toma que fue avalada por la Ley de Barrios Populares

Vecinos y vecinas del barrio Parque Las Rosas alertan que el Poder Judicial de Córdoba avanza “sin constatar delitos” y sin dar lugar a una resolución pacífica y de fondo.

Créditos: Encuetro de Organizaciones

Desde Encuentro de Organizaciones (EO) repudian el pedido de elevación a juicio de la causa de toma de tierra de Parque Las Rosas. Argumentan que se ignora la “ley de Barrios Populares” que declara de “interés público sujetas a expropiación a la tierra que habitamos”.

El reclamo de vecinos y vecinas radica principalmente en que el accionar de la Justicia de la Provincia de Córdoba evita las vías pacíficas de resolución del conflicto. Además, el contexto de las tomas y la crisis habitacional del país tensionan aún más la situación.

Este viernes estaba previsto que inicien las obras correspondientes al “Programa de Obras Tempranas de la Secretaría de Integración Socio Urbana en el barrio Toma de Parque las Rosas”.

La construcción responde al aval de la ley 27453 que “declara de interés público el régimen de integración socio urbana de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP)”.

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El punto de contradicción orbita en torno a que la Legislatura de Córdoba no tomó una decisión de adhesión a la normativa. Por el contrario, la Municipalidad se expresó a favor y acompaña la ley.

“En definitiva, en este momento donde los demás poderes del Estado avanzan en solucionar la problemática de fondo. El poder judicial insiste en abordar el conflicto desde la criminalización de lxs poseedorxs”, indican desde el EO.

La fiscal María Eugenia Pérez Moreno fue quién ordenó elevar la causa a juicio. La defensa sostiene que en cinco años no se han comprobado delitos por parte de las familias de la toma y apuntan contra la situación controversial.

Desde EO, además, exigen “el sobreseimiento de las personas que aún están imputadas. La construcción de acuerdos que permitan una solución de raíz y el cese de hostilidades contra el territorio” de parte del Poder Judicial.

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