La expresidenta y los otros ocho condenados en la Causa Vialidad tienen cinco días para presentarse en Comodoro Py. Así lo dispuso el juez Jorge Gorini.
El Tribunal Oral Federal 2 rechazó el pasado miércoles la detención inmediata de Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los condenados por la Causa Vialidad.
Jorge Gorini, presidente del Tribunal, rechazó el pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de detener inmediatamente a la expresidenta tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Los nueve condenados en la Causa Vialidad, entre los cuales está Cristina, tienen cinco días para presentarse en Comodoro Py.
Las demás personas que deberán cumplir condena son Lázaro Báez (6 años), el exsecretario de Obras Públicas José López (6 años), el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años) y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Mauricio Collareda (4 años), Juan Carlos Villafañe (5 años), Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses), Raúl Santibañez (4 años) y Raúl Pavesi (4 años y 6 meses).
El Tribunal consideró que, en relación a la detención de Cristina y los demás condenados, los cinco días para apersonarse en Comodoro Py son un «plazo prudencial en atención a que algunos de los convocados se domicilian en distintas provincias argentinas«.
Además, el Tribunal le solicitó al Ministerio de Seguridad que «procure asignar una dependencia de las fuerzas federales que cumpla con las condiciones adecuadas para el alojamiento de las personas nombradas«.
La defensa de CFK pidió que la condena sea cumplida bajo prisión domiciliaria sin tobillera electrónica en un departamento del barrio porteño de Constitución donde vive junto a su hija y su nieta tras el intento de magnicidio que sufrió en septiembre del 2022.
¿Por qué se condena a Cristina?
Cristina Fernández debe cumplir una condena de seis años de prisión por ser considerada responsable del delito de administración fraudulenta del Estado en relación a 51 obras públicas adjudicadas a la empresa Austral Construcciones de Lázaro Báez. Además, quedó inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.
El juicio estuvo plagado de irregularidades y violaciones a derechos constitucionales, que permiten pensar en que se trató de una maniobra de lawfare. Es por ello que el abogado de Cristina, Gregorio Dalbón, activó todos los mecanismos de revisión internacional: la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Penal Internacional y cada foro jurídico multilateral donde aún se defienda el Estado de Derecho, con la esperanza de que los organismos internacionales constaten las violaciones al debido proceso y permitan reabrir la causa.
Solidaridad internacional
Numerosos presidentes, presidentas y funcionarios de varios países, tanto latinoamericanos como europeos, han expresado solidaridad hacia Cristina y han considerado el caso como un ataque a la democracia.
Entre ellos, «Lula» da Silva en Brasil, Claudia Sheinbaum de México, Rafael Correa en Ecuador, Gustavo Petro en Colombia, Luis Arce en Bolivia y Xiomara Castro de Zelaya en Honduras, el partido Podemos en España y Jean-Luc Mélenchon en Francia. En sus mensajes de apoyo, denunciaron la persecución política contra la expresidenta y alertaron sobre el ataque que representa para la democracia argentina su proscripción y una condena basada en un juicio lleno de falencias.
