El programa había sido creado en 2012 con el objetivo de “mejorar la calidad en el acceso a la salud de las personas en contextos de encierro”.
A través de la Resolución 2/25, el Ministerio de Salud de la Nación derogó el Programa de Salud en Contextos de Encierro. Creado en 2012, tenía como objetivo mejorar la calidad en el acceso a la salud de las personas en contexto de encierro.
Dentro de sus funciones, también se encontraba propender a través del fortalecimiento de los sistemas sanitarios la implementación de políticas públicas diseñadas por el Ministerio de Salud de la Nación en las Unidades Penitenciarias y Alcaldías del país y equiparar la atención sanitaria del medio libre con la atención sanitaria en contextos de encierro.
“Las personas privadas de la libertad solo tienen restringido su derecho a transitar, pero de ninguna manera su derecho a la salud, el cual se encuentra garantizado por diversas normas nacionales e internacionales”, era la premisa del programa.
Entre los principales objetivos se encontraban:
- Propiciar la implementación de políticas públicas diseñadas por el Ministerio de Salud de la Nación en las unidades penitenciarias y alcaldías del país
- Fortalecer el armado de redes de atención de salud extramuros-intramuros
- Desarrollar estrategias de promoción, prevención y adherencia al cuidado integral de la salud de las personas en contextos de encierro
- Optimizar y monitorear la distribución de recursos e insumos de prevención
- Promover el establecimiento de un sistema de información estratégica que incluya la vigilancia epidemiológica, el monitoreo, la evaluación de la calidad y del impacto del programa.
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Aún así, el Gobierno decidió disolver el programa. El titular del Ministerio de Salud, Mario Lugones, explicó que «a pesar de los fines loables que se persiguen, cabe destacar que las jurisdicciones provinciales, así como las penitenciarías federales, disponen de sistemas de salud organizados dentro de sus servicios penitenciarios, que garantizan el acceso a la salud de la población carcelaria, lo que implica una multiplicidad de organismos, tanto nacionales como provinciales, interviniendo sobre una misma problemática«.
“No se dispone de datos estadísticos, ni indicadores sanitarios que den cuenta que la implementación de este programa redunde en una mejora de la toma de decisiones en salud, por lo cual no se pueden mostrar beneficios basados en evidencia sobre la salud de las personas privadas de la libertad en unidades de detención, durante su detención y al momento del egreso de los establecimientos penitenciarios», agregó el funcionario.
Lugones señaló que la Resolución N° 2536 del 20 de septiembre de 2021 «ha carecido de operatividad toda vez que no se ha celebrado convenio alguno con las provincias, y como consecuencia de ello, tampoco se han implementado los informes de gestión».
