El impacto de la pandemia en las comunidades indígenas

Falta de agua potable a represión y desalojos de sus tierras, fueron algunas de las problemáticas identificadas en los pueblos originarios.

Imagen ilustrativa. Salta. Las condiciones precarias en las que vive la comunidad wichi (Foto: Cruz Roja Argentina).

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto con otros organismos de DD.HH, publicó a mediados de febrero una nota que señala como se profundizaron las desigualdades en los sectores vulnerados durante la pandemia.

Acceso a la salud, agua y servicios

Las organización recuerdan que la falta de acceso al agua potable que afecta a muchas comunidades, es un reclamo persistente en el NEA y en el NOA.

En esas regiones se han postergado obras y no existen alternativas para el acceso, ante ese panorama, resaltan: “Sin este bien indispensable es imposible cumplir con los protocolos sanitarios básicos recomendados por las autoridades”.

Por ejemplo, mencionan a la comunidad Cueva del Inca en Tucumán, que sigue sin poder acceder al agua potable y tampoco tiene luz por una medida judicial de no innovar que favorece el reclamo de un interés privado. En pandemia, estas condiciones no cambiaron.

Faltan servicios de salud en los territorios comunitarios, muchas veces no tienen los recursos e insumos suficientes. Desde el CELS, explican que la mayoría de las comunidades del Pueblo Diaguita y Lule de Tucumán, sólo tienen acceso a servicios de salud primarios o de baja complejidad (CAPs), con recursos limitados para hacer frente a la pandemia.

Consulta y participación

Sobre este punto, las diferentes organizaciones sociales, refieren a un informe de instituciones académicas de todo el país, que demostró que el diseño de políticas públicas para la prevención y tratamiento del Covid desconoce la realidad de las comunidades.

“En distintas provincias se restringió la circulación en rutas, sin tener en cuenta que de este modo las comunidades quedaban aisladas, sin acceso a bienes básicos, entre ellos la comida y los medicamentos”, enfatiza el comunicado. 

A modo de ejemplo, cuentan que en Formosa, las comunidades wichí de María Cristina y Santa Teresa al reclamar por un cajero móvil para el acceso a haberes, pensiones y otros programas de transferencia de ingresos, fueron reprimidas por la policía provincial.

Represión y violencia policial

“La policía reprimió manifestaciones, cortes de ruta y todo tipo de protestas de las comunidades indígenas por el acceso al agua potable y a servicios esenciales o en contra de políticas públicas implementadas de manera inconsulta por sobre sus culturas y sus costumbres”, denuncian los organismos socialesy de DD.HH.

Recuerdan que en octubre del 2020, en Formosa, la comunidad wichí de Pozo del Oso reclamó la liberación de dos de sus integrantes que habían sido acusados de intentar cruzar el límite interprovincial entre esa provincia y Salta.

Nuevamente, la respuesta fue la represión con balas de goma, y la detención de 20 integrantes de la comunidad bajo la figura de atentado y resistencia a la autoridad.

Fuente: CELS

Acceso a la tierra

El comunicado denuncia que durante el 2020, decenas de comunidades fueron desalojadas, violando la normativa federal que suspendió los desalojos de comunidades indígenas.

“En octubre, la policía desalojó a cinco familias de la comunidad indígena de Tusca Pacha, en Palpalá, Jujuy. Las tierras, reclamadas por una inmobiliaria, estaban habitadas desde hace décadas. Durante el operativo destrozaron las viviendas e hirieron a miembros de la comunidad, incluyendo un niño”, informaron a modo de ejemplo.

¿Qué proponen las agrupaciones que emitieron la publicación?

Que los gobiernos establezcan políticas específicas para atender esta situación agravada en pandemia.

Consideran clave que “haya mecanismos de participación y consulta en la toma de decisiones e información suficiente y adecuada para que esos mecanismos sean efectivos”.

Es fundamental que los estados garanticen a las comunidades la seguridad en la tenencia de la tierra. En esa linea, el documento señala que deben avanzar en el proceso de relevamiento de los territorios de las comunidades exigido por la ley 26160 y adoptar las medidas necesarias para garantizar que nadie más pueda reclamar esas tierras.

Además, sostienen que es urgente implementar dispositivos e instrumentos efectivos para eliminar prácticas discriminatorias y estigmatizantes por parte de la policía, en el ámbito de la salud, la educación y la justicia.

Fuente: CELS

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