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El Gobierno subejecutó en un 55% el presupuesto de hospitales y del Instituto Nacional del Cáncer

Publicado por:El Resaltador

Según CEPA, hubo una caída de 31% en ejecución real en 2024 comparado a 2023: implica un “significativo ajuste del gasto público en áreas sensibles de la administración”. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, la SIDE y el pago de deuda fueron los menos recortados.

En 2024, el Gobierno nacional decidió hacer recortes en varios sectores claves; uno de ellos fue Salud. Allí subejecutó (utilización de un monto de dinero inferior al disponible para gastar) en un 55% el presupuesto de hospitales nacionales y del Instituto Nacional del Cáncer.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) realizó un informe detallando cuánto y dónde invirtió la gestión libertaria en su primer año de mandato. 

A modo de conclusión, notaron “una fuerte caída de la ejecución real respecto al mismo período del año 2023, del orden del -31%, lo cual implica un significativo ajuste del gasto público en áreas sensibles de la administración”.

Si bien algunas administraciones recibieron menos, también hay algunas que recibieron de más; como es el caso del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que lleva gastado 45 mil millones de pesos durante 2024.

En sintonía, la Secretaría de Inteligencia del Estado -dependiente de Presidencia de la Nación- declaraba ejecutar 108 mil millones de pesos al mes de septiembre (ya sea devengado o pagado), y, actualmente, solo reporta una ejecución acumulada de 47 mil millones de pesos durante todo el año.

«El Gobierno deberá dar explicaciones de cómo hizo para dar marcha atrás con el devengamiento de un crédito, lo que implica un compromiso de pago; y aún más, ya que dichos montos figuraban “pagados”, es decir que ya se habían librado las órdenes de pago de la Tesorería General», detallan desde el Centro de Economía. 

Y se preguntan: «¿Devolvieron la plata o se imputaron dichos gastos a otros organismos o jurisdicciones de la Administración Pública Nacional?»

Deuda, el gran gasto

Los servicios de deuda pública representaron el 11% del total de gastos.

Si tomamos los gastos de los organismos públicos, se evidencian ajustes en la Superintendencia de Servicios de Salud (-69%), ANMAT (-21%), hospitales nacionales, e incluso en el Instituto Nacional del Cáncer (-55%) y la Agencia Nacional de Discapacidad (-17%); según el informe de CEPA.

Por su parte, el Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte tuvo un ajuste interanual del 25% e incluso Nación pretende cerrarlo.

Ante el despido de 200 de los 600 trabajadores del centro de salud, un profesional del Bonaparte denunció que “incluso con la escasez de psiquiatras que hay, están echando psiquiatras. Prácticamente voltearon a todos los que fueron contratados de 2019 en adelante”.

Ajuste en salud

Por la falta de fondos existen diversos programas que están paralizados: “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica” (-5%), “Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra” (-47%), Atención Sanitaria en el Territorio (-96%), y el Fortalecimiento del Sistema Público de Salud (-51%).

A su vez, los programas de prevención de enfermedades no transmisibles, endémicas y patologías específicas sufren recortes de entre el 6% y el 82%. Sin embargo, este mes destaca el crecimiento del programa de prevención de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles de 10%.

De las patologías críticas, la tuberculosis es una de las más inquietantes. Horacio Boggiano, de la Asociación Metropolitana de Equipos de Salud (AMES), afirmó que los casos aumentaron un 11% a comparación del 2023. 

En dicho año, se registraron en la Argentina unos 13 mil diagnósticos de tuberculosis. En 2024, más de 15 mil. Según Boggiano, es una enfermedad que la produce la pobreza, la falta de trabajo.

De todas formas, el Ministerio de Salud de la Nación decidió eliminar la coordinación del área y especialistas y organizaciones sociales alertaron que “desatender estas cuestiones va a causar más muerte”.

El cierre de la Coordinación de Tuberculosis y Lepra forma parte de la decisión política del Ministerio de Salud de la Nación de cerrar 15 coordinaciones que tienen que ver con la gestión de diversos problemas de salud de alta prevalencia. 

El caso de las hepatitis y los medicamentos oncológicos

En 2012 se creó el Programa Nacional de Hepatitis con una Coordinación específica y “desde entonces tuvo a su cargo el diseño e implementación de políticas sanitarias de promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento a nivel de todo el país”. 

«No contar con la Coordinación a nivel nacional generará una fragmentación en la implementación de estas acciones, ya que la responsabilidad recaería en otras áreas del sistema de salud que pueden no contar con los mismos recursos o enfoque especializado», manifestó María Eugenia De Feo, presidenta de la Fundación HCV Sin Fronteras.

De Feo remarcó que las hepatitis B y C afectan a más de 470.000 personas en el país pero solo el 30% conoce su diagnóstico. La falta de insumos para diagnóstico a nivel nacional “impactó de forma negativa en la realización de campañas que permiten la sensibilización de la comunidad”.

Luego del fallo que obliga al Gobierno a entregar medicamentos a pacientes con cáncer y otras enfermedades graves por parte de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), el Ministerio de Salud de la Nación disolvió esa dirección.

Unos días después dio a conocer un “nuevo reglamento para la provisión de medicamentos de alto costo y tratamientos especiales”.

Abrazo a la salud pública

Profesionales de la salud, trabajadores sociales, referentes de organizaciones de la sociedad civil y colectivos de pacientes se movilizaron en la puerta del Ministerio de Salud de la Nación y realizaron un simbólico abrazo a la salud pública.

La manifestación fue en reclamo de la entrega inmediata de medicación a pacientes oncológicos y la restauración de direcciones eliminadas por decreto.

El reclamo se llevó a cabo el martes 14 de enero, un día después de la presentación de una nota ante la cartera que conduce Mario Lugones -con más de 6000 adhesiones- para solicitar una reunión y un cese a los recortes de políticas públicas.

En el ‘abrazo a la salud pública’ exigieron el “cumplimiento inmediato del fallo que ordena a la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC) la regularización inmediata de la entrega de medicación a pacientes oncológicos y con enfermedades de baja frecuencia”.

Por su parte, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) reclamó que Salud «cumpla con el amparo del Poder Judicial» y «entregue los medicamentos para los pacientes oncológicos y con enfermedades de baja frecuencia»

También exigieron la restauración de las direcciones de TBC (tuberculosis), hepatitis y lepra, eliminadas por el decreto 1138/2024.

Ajuste, ajuste y ajuste

En ciencia la situación no mejora: se dieron fuertes caídas en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y otros organismos del sector como la CONAE, CONICET y CONEAU.

De acuerdo al informe del Centro de Economía Política Argentina, los organismos de la Seguridad Social están sufriendo fuertes recortes en la ejecución de sus partidas presupuestarias.

Si tomamos el caso de la ANSES, el recorte llega al -17% respecto al año pasado. También se detectaron recortes del 69% en el INAES; y del 62% en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Cabe mencionar que el programa Potenciar Trabajo recortó un 85% su ejecución. Situación similar vive el programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia, con una caída del 81%. Finalmente, el programa de Comedores Comunitarios y Merenderos sufre un ajuste real del 75%.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, sufrió pérdidas del presupuesto del 97%, mientras que la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del 73%.

Desde el Centro de Economía afirman que al analizar la ejecución con un grado mayor de desagregación -es decir por partidas programáticas- se observan caídas en los principales programas de la Seguridad Social. 

«Entre ellos, se ajusta fuertemente la PUAM, Pensión Universal para el Adulto Mayor, con un ajuste del 38%; las pensiones no contributivas, con una caída del 23%, y las transferencias a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, fundamentalmente el PAMI, con un recorte del 60%», resaltan desde CEPA.

En materia educativa se observa fuertes caídas en la ejecución de partidas sensibles como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (-98% en la ejecución base caja), el Programa Conectar Igualdad (-83%), las Becas Estudiantiles (-65%), y el programa de Infraestructura y Equipamiento de la Secretaría de Educación (-91%).

La obra pública es un caso extremo: hubo paralización casi total de las partidas presupuestarias.

Las transferencias del Tesoro Nacional a las provincias y municipios fue una de las decisiones del Gobierno nacional que no cayó muy bien a los gobernadores e intendentes. De los ajustes se encuentra el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (-100%), la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios (-100%), y la Asistencia Técnica a Municipios (-90%).

«La situación general de la Administración Pública Nacional es de una fuerte reducción de su ejecución presupuestaria. Reducción que en algunos casos está llevando a la paralización de programas de alto impacto en términos sociales, y de salud de la población. Incluso en un escenario fuertemente recesivo, tampoco se están ejecutando programas de ayuda social, y de estímulo al desarrollo productivo», concluye el Centro de Economía Política Argentina.

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