El Gobierno se posicionó contra la violencia institucional

A raíz de diferentes hechos de abuso de poder, perpetrados por las fuerzas de seguridad, funcionarios del Gobierno Nacional salieron a marcar postura contra esas prácticas anti democráticas.

Uno de los casos que más impactó en la sociedad, fue cuando la policía chaqueña  golpeó y torturó a hombres, mujeres y menores de edad de la comunidad qom. A este hecho, se le suman dos denuncias recientes de abuso policial, en Tucumán la víctima fue Luis Espinoza; en Isla Maciel, Lucas Adrián David Barrio, un joven de 18 años.

"Esta gestión del Ministerio de Seguridad condena la violencia institucional. Cada vez que las Fuerzas Federales han cometido ese delito, hemos apartado a sus responsables e iniciado las investigaciones correspondientes. La violencia institucional es una práctica ilegal" manifestó Sabina Frederic, quien dirige esa cartera.

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La funcionario informó que sancionaron al personal de la Policía Federal Argentina (PFA) que tomó fotografías a quienes se movilizaban reclamando por el asesinato de Luis Espinosa. Remarcó que no permitirán el uso de las fuerzas de seguridad para cometer delitos.

El presidente Alberto Fernández, también se refirió al abuso policial perpetrado contra una familia Qom: "Las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en el Chaco son inaceptables. Celebro que el Ejecutivo provincial haya apartado a los efectivos, pero debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia."

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Frederic se alineó a esas palabras, y resaltó que llegaron al Estado para profesionalizar a las fueras. Si bien, el Ministerio de Seguridad no tiene injerencia sobre las fuerzas provinciales, reclamó a todas las jurisdicciones el estricto control sobre el accionar de las fuerzas locales.

Otro organismo estatal que se rechazó el accionar de los agentes de seguridad, fue la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH). Según informaron, participaron en los casos gravísimos de Chaco y Tucumán, así como en muchos otros que no tomaron notoriedad.

En el caso de violencia contra una familia Qom en Fontana, la Secretaría se mantuvo en permanente conversación con el Gobierno provincial y apoyó la decisión de separar a los responsables. La institución celebró que la Provincia se presente como querellante en la causa judicial, además de brindar apoyo a la familia.

En el caso del asesinato de Luis Espinoza, la delegación tucumana de la SDH participó del operativo en el que finalmente apareció su cuerpo, permaneció en constante contacto con la abogada de la familia y remitió una nota formal a la fiscalía interviniente para garantizar el acceso de la familia al expediente, promoviendo la separación de los policías responsables por parte del gobierno provincial. 

"Se trata de un arduo y constante trabajo llevado a cabo por la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, posible gracias al compromiso de lxs trabajadorxs de un área que fue diezmada durante la última gestión", puede leerse en el comunicado de la Secretaría de DD.HH.