El Gobierno reglamentó el impuesto a la riqueza y entra en vigencia

El aporte solidario y extraordinario tiene una tasa del 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado más de 200 millones de pesos en el impuesto a las Bienes Personales.

El Gobierno reglamentó la ley de Aporte Solidario y Extraordinario según anunció este viernes el Boletín Oficial. El decreto 42/2021 tiene 12 artículos y lleva la firma del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Economía, Martín Guzmán.

La ley 27605/2020, más conocida como impuesto a la riqueza o también como aporte de las grandes fortunas establece un aporte por única vez de una tasa del 2% a los patrimonios de las personas físicas. La declaración en el impuesto a las Bienes Personales debe ser de más de 200 millones de pesos.

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La normativa fue sancionada en el Congreso el 4 de diciembre del año pasado y considera un aumento en la tasa conforme suba el patrimonio.

El rango de fortuna declarado es clave. El “impuesto” único será del 2,25% para fortunas que se encuentren entre los $300 y los $400 millones, del 2,50% para aquellas personas que tengan entre $400 y $600 millones, y del 2,75%, para patrimonios de entre $600 y $800 millones.

El aporte subirá hasta el 3% en el caso de las fortunas entre los $800 y $1.500 millones y se extenderá hasta el 3,25% para quienes tengan entre $1.500 y 3.000 millones.

La ley 27605 alcanza alrededor de 12.000 contribuyentes. El destino de lo contribuido se será en un 25% a exploración, desarrollo y producción de gas natural; otro 20% a adquirir equipamientos de salud por la pandemia; un 20% a apoyar Pymes; un 20% para financiar el relanzamiento de las becas Progresar para apoyar a jóvenes estudiantes; mientras que el 15% restante se utilizará para la urbanización de barrios populares.

La ley de Aporte Solidario y Extraordinario surgió a partir del impacto presentado por la pandemia global de Covid-19.

Desde el sector empresario existieron rechazos y amenazas de iniciar una “rebelión fiscal”. Será la AFIP quién regule como órgano de autoridad que instrumente “los regímenes de información a los fines de recabar datos”.

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