La Justicia ordenó sostener las prestaciones y el Ejecutivo habilitó la liquidación para más de 900 mil trabajadores informales. Aunque apelará la medida, deberá garantizar el ingreso al menos de forma provisoria.
El Gobierno nacional debió retroceder en su decisión de eliminar el programa Volver al Trabajo y confirmó que realizará el pago correspondiente al mes de mayo, luego de que una medida cautelar de la Justicia federal ordenara mantener vigentes las prestaciones.
La resolución judicial, dictada por el Juzgado Federal de Campana, obliga al Estado a sostener el programa -que otorga un ingreso mensual de 78 mil pesos a más de 900 mil trabajadores informales- hasta que haya una sentencia definitiva sobre el fondo del conflicto.
En cumplimiento de esa orden, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cargo de Julio Gabriel Cordero, autorizó la liquidación de los fondos necesarios para el pago, que supera los 72 mil millones de pesos. La medida garantiza la continuidad del ingreso, al menos de manera transitoria.
A pesar de acatar la decisión, el Gobierno dejó asentado que avanzará con una apelación. En los considerandos de la resolución, sostiene su intención de modificar el esquema actual, aunque reconoce que debe cumplir con la manda judicial vigente.
El conflicto se originó a partir de un amparo colectivo que cuestionó la eliminación del programa y la interrupción de las prestaciones. La Justicia entendió que la suspensión del ingreso podía generar un perjuicio inmediato sobre una población ya atravesada por la precariedad laboral y el deterioro económico.
El plan oficial contemplaba reemplazar Volver al Trabajo por un sistema de vouchers destinado a financiar capacitaciones en empresas u organizaciones, bajo la promesa de facilitar la inserción laboral. Sin embargo, la propuesta fue fuertemente cuestionada por su falta de garantías en un contexto de aumento del desempleo.
La decisión de eliminar el programa había generado protestas en todo el país, encabezadas por organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que denunciaron el recorte con la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”.
Desde ese espacio, sostuvieron que la continuidad del pago es resultado de la movilización: “Gracias a la lucha en la calle logramos la cautelar que obliga a seguir pagando el programa a los trabajadores más humildes”. Y agregaron: “Los derechos se conquistan y se defienden en la calle”.
Aunque el futuro del programa permanece abierto, la resolución judicial representa, por ahora, un límite al avance del ajuste.
