Mediante el decreto 695/2024, publicado en el Boletín, se reglamentó el título II de la Ley Bases sobre la reforma del Estado, con modificaciones en el sistema de empleo público, cambios en los procesos administrativos y las privatizaciones de las empresas públicas.
El Gobierno nacional publicó, durante la madrugada, la reglamentación de parte de la Reforma del Estado, basada en la «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos».
El texto se divide en cuatro capítulos: Reorganización Administrativa; Privatización; Procedimientos Administrativos; y Empleo Público, que tendrá una instancia de evaluación.
En esta primera etapa, el Ejecutivo estableció la normativa vinculada al Título II, que contempla las modificaciones en el sistema de empleo público, cambios en los procesos administrativos y las privatizaciones de las empresas públicas.
En cuanto a la reorganización administrativa, se establece que el Poder Ejecutivo puede reorganizar, transformar, liquidar fondos fiduciarios públicos siguiendo la Ley N° 27.742.
Dentro de esta legislación, uno de los apartados destacados es el dedicado a las privatizaciones de empresas públicas, entre las que se encuentran las siguientes compañías:
- Energía Argentina (ENARSA)
- Intercargo
- AySA
- Belgrano Cargas
- Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE)
- Corredores Viales
- Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)
- Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)
«El Congreso ha sido generoso en las delegaciones, ya que le permite al Estado adecuar en tamaño, fusionar o centralizar cualquier órgano de la administración pública. También lo faculta a cerrar cualquier organismo del Estado si no está en una lista de excluidos», señaló esta mañana Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y principal ideólogo de esta reforma profunda.
El funcionario apuntó luego que «estos cambios permitirán una amplia reestructuración del Estado que se materializará a través de una serie de Decretos Delegados». «El primero, que cierra definitivamente el INADI, estará publicado brevemente luego de esta reglamentación», adelantó Sturzenegger.
Respecto al empleo público, con la reglamentación de la primera parte de la Ley Bases que dispuso el gobierno de Milei, hay algunos cambios significativos. Por una parte, se establece una «Evaluación general de conocimientos y competencias» como requisito previo y obligatorio para el ingreso a la Administración Pública Nacional.
«El examen lo deberá rendir cada empleado público que ingrese y su resultado lo determinará una computadora» y «solo podrá proseguir el proceso de contratación quien obtenga una nota superior a la de corte», según señaló Sturzenegger. Aunque desde muchos espacios se señaló que estas evaluaciones ya existen.
El decreto también regula el régimen de contrataciones por tiempo determinado y designaciones en plantas transitorias. Indica que estas contrataciones estarán destinadas exclusivamente a la realización de actividades de carácter transitorio o estacional como asesoramiento técnico especializado, coordinación y desarrollo de programas de trabajo y proyectos especiales, o para atender incrementos no permanentes de tareas.
Sumado a ello, se crea un registro de personal en situación de disponibilidad, en el que se incluirá al personal que sufra las consecuencias del vaciamiento del estado. El Gobierno nacional redujo en 28.138 la cantidad de empleados públicos entre el 31 de diciembre de 2023 y el 30 de junio de 2024, según datos del INDEC.
El nuevo registro es para reveer la situación del personal que sea dispensado de sus tareas, que tendrá un período de hasta 12 meses, para ser reubicado o ser despedido, según la Ley Bases.
