Una nueva medida habilita su uso en actividades deportivas y modifica una regulación vigente desde hace tres décadas.
A partir de este miércoles 18 de junio, el Gobierno nacional autorizó, mediante el Decreto 397/2025 publicado en el Boletín Oficial, la flexibilización del régimen de armas semiautomáticas en Argentina.
La normativa, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, habilita la tenencia y adquisición de este tipo de armamento por parte de civiles, quienes ahora podrán utilizarlas en actividades deportivas.
La disposición alcanza a armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, similares a fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto, derivadas de armamento militar y de calibre superior al .22 LR.
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El decreto modifica una prohibición que regía desde hace treinta años, que restringía el acceso civil a estas armas, salvo excepciones especiales. Con esta nueva normativa, se establece que el organismo competente «podrá autorizar a legítimos usuarios de armas de Uso Civil Condicional la adquisición y tenencia de armas».
Además, el texto señala que los mecanismos de control deberán “reflejar un particular equilibrio entre la posibilidad de la adquisición o transferencia de tales armas de fuego y los recaudos derivados de la seguridad pública o común”. La aplicación de este régimen de control estará a cargo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
Te niegan un subsidio, pero no una semiautomática
La habilitación del uso civil de armamento semiautomático, hasta ahora reservado a contextos militares, representa un giro ideológico de alto impacto en materia de seguridad pública. En lugar de fortalecer las políticas de desarme y prevención del delito, el Gobierno opta por ampliar el mercado legal de armas de fuego en una sociedad atravesada por la desigualdad, el empobrecimiento y la creciente violencia institucional.
La decisión se inscribe en una lógica liberalizadora que delega en la responsabilidad individual lo que históricamente fue función del Estado: garantizar condiciones mínimas de seguridad colectiva. Esta flexibilización puede traducirse en una mayor circulación de armas en manos de civiles, dificultando los controles y aumentando los riesgos de usos indebidos, accidentes y violencia armada en escenarios de protesta o conflicto social.
