Mediante un decreto, el Gobierno Nacional modificó las pautas de funcionamiento de la Agencia Federal de Inteligencia. De esa manera, recortó las facultades represivas, policiales y de investigación de los espías.
A través del decreto 214 publicado hoy en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández oficializó los cambios de la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 que había establecido una excepción que permite a los organismos de inteligencia participar como auxiliares de la justicia en las investigaciones criminales.
Ahora, ningún organismo de inteligencia podrá realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal.
El presidente, tomó dichas medidas después del DNU N°52/19, a través del cual se dispuso la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la derogación» del Decreto N° 656 del 6 de mayo de 2016, por el cual el gobierno de Mauricio Macri había eliminado el régimen que obligaba a darle transparencia al manejo de fondos de ese organismo.
«Corresponde limitar de forma urgente ese resquicio legal, que permitió generar y retroalimentar vínculos espurios desarrollados entre organismos de inteligencia y algunos sectores del sistema de justicia», puede leerse en los considerandos del decreto.
Con la modificación actual, ningún organismo de inteligencia tendrá permitido obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.
Otro punto a resaltar, es que mediante el decreto 214, la AFI no podrá influir -de cualquier modo- en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.
La medida determina que la Agencia Federal de Inteligencia, no podrá revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial.
El Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, se pronunció sobre el decretó firmado por el presidente Alberto Fernández, y sostuvo que es un paso importante para desarmar los vínculos tejidos durante años entre la justicia federal y el organismo de inteligencia.
