El Ministerio de Justicia descartó la reestructuración del museo que funciona en el ex centro clandestino donde hubo 5.000 detenidos desaparecidos. No obstante, la gestión oficialista ya produjo modificaciones concretas que alteraron el relato histórico del lugar, redujeron su funcionamiento y dejaron sin reposición equipos básicos. A 50 años del golpe, el Gobierno no planea ningún acto oficial.
El Gobierno nacional decidió, al menos por ahora, no avanzar con los cambios que pretendía introducir en el Museo Sitio ESMA, uno de los espacios más emblemáticos de memoria sobre el terrorismo de Estado en Argentina.
La confirmación llegó desde el Ministerio de Justicia a Página 12, donde admitieron que la iniciativa “no se va a materializar”, luego de semanas de fuertes cuestionamientos.
El museo, ubicado en el predio donde funcionó uno de los principales centros clandestinos de detención durante la última dictadura -por donde pasaron cerca de 5.000 personas secuestradas-, había quedado en el centro de la polémica tras una serie de decisiones impulsadas por la actual gestión.
Inaugurado en 2015 luego de años de debates entre el Estado, organismos de derechos humanos y sobrevivientes, el guión del Museo Sitio ESMA se construyó a partir de los testimonios judiciales y las pruebas surgidas en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Ese consenso, consolidado durante años, fue puesto en tensión por el Gobierno nacional. En 2023, el sitio fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que refuerza su valor como espacio de memoria a nivel global.
El punto de quiebre se produjo tras el decreto 344/2025 firmado por el presidente Javier Milei, que degradó la jerarquía institucional del museo y lo subordinó al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH). Ambos organismos quedaron bajo la órbita de funcionarios vinculados al espacio Frente Joven, alineado con el oficialismo y con posiciones públicas contrarias a derechos conquistados como el matrimonio igualitario y la interrupción voluntaria del embarazo.
En ese contexto, el director del museo, Fernando Vedoya, presentó a fines de 2025 una propuesta de reestructuración que incluía modificar el guión y el material audiovisual del recorrido. El contenido de esos cambios encendió alarmas: se incorporaban referencias a “organizaciones extremistas” y se hablaba de “encarcelados y torturados”, formulaciones que, para los organismos, implicaban una reinterpretación que diluye la responsabilidad del Estado y distorsiona el carácter clandestino y sistemático del aparato represivo.
La respuesta del consejo asesor -integrado por sobrevivientes y organismos de derechos humanos- fue contundente. En un documento formal, rechazaron la iniciativa por considerar que abría la puerta a una narrativa que presenta el terrorismo de Estado como una reacción frente a la violencia política previa. “No es aceptable una museografía que sugiera esa lectura”, advirtieron, subrayando que ese enfoque contradice los estándares internacionales en materia de memoria.
Sin embargo, pese a ese rechazo, se introdujeron modificaciones sin consulta previa. Entre ellas, la eliminación de referencias a la violencia específica sufrida por las mujeres en cautiverio. A esto se sumaron problemas derivados del vaciamiento del área: reducción de días de visita y deterioro de recursos audiovisuales que no fueron repuestos, afectando la experiencia del público.
La marcha atrás oficial aparece más como una respuesta a la presión social e institucional que como un cambio de convicción. De hecho, el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aún no visitó el predio, y desde su entorno anticipan que no habrá pronunciamientos oficiales en el marco del próximo 24 de marzo, cuando se cumplan 50 años del golpe de Estado.
El silencio proyectado para una fecha central en la memoria colectiva refuerza las críticas hacia una gestión que no solo desfinancia y desjerarquiza las políticas de derechos humanos, sino que además ha sostenido discursos que relativizan la magnitud de los crímenes de la dictadura. La dificultad para encontrar autoridades que quieran hacerse cargo del área y las recientes salidas de funcionarios profundizan la crisis interna.
En paralelo, el Gobierno tampoco logró avanzar en su intento de que se reconozcan como delitos de lesa humanidad las acciones de las organizaciones armadas, una iniciativa que no fue avalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En este escenario, la suspensión de los cambios en la ESMA aparece como un freno táctico en medio de un clima adverso, más que como un giro en la política oficial.
