El oficialismo de Javier Milei en Diputados afirma que la comisión investigadora por la estafa cripto ya caducó, mientras la oposición denuncia un intento deliberado de frenar su funcionamiento. El caso involucra millones de dólares y un entramado de estafas que sigue impune.
La disputa en el Congreso por la estafa de la criptomoneda Libra sumó un nuevo capítulo. El oficialismo de la Cámara de Diputados, alineado con el gobierno de Javier Milei, considera que la Comisión Investigadora del caso Libra ya no tiene validez por haberse cumplido 90 días desde su creación.
Sin embargo, la oposición rechaza esta interpretación y denuncia un intento de boicot institucional para proteger intereses ligados al esquema cripto-fraudulento.
La comisión fue creada el 8 de abril con el objetivo de esclarecer una de las estafas más escandalosas vinculadas al universo cripto en Argentina. Pero su funcionamiento quedó trabado desde el inicio por la falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición para designar autoridades.
A pesar de que nunca se eligieron formalmente sus cargos, desde la oposición insisten en que la comisión “nunca se cayó” y que su constitución sigue siendo legalmente válida.
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Fuentes parlamentarias opositoras indicaron que no existe ningún plazo reglamentario para constituir la comisión, por lo que la postura del oficialismo carece de sustento. Además, anticiparon que este miércoles habrá una reunión por Zoom para evaluar cómo continuar con la tarea investigativa.
El primer encuentro, realizado el 30 de abril, terminó en un empate de 14 votos. Ni la propuesta del peronismo de nombrar como presidenta a Sabrina Selva, ni la del oficialismo con Gabriel Bornoroni, lograron imponerse. A raíz de este bloqueo, se resolvió que el secretario parlamentario Adrián Pagan coordinara provisoriamente las tareas.
Durante la reunión informativa del 25 de junio, expusieron figuras claves como Irina Hauser (Página/12), Alejandro Bercovich (C5N), el abogado Nicolás Pechersky y el especialista en criptomonedas Iñaki Apezteguia, entre otros expertos, querellantes y técnicos del ecosistema digital. La jornada dejó en evidencia la magnitud de la estafa y la necesidad urgente de investigar a fondo.
No obstante, ahora el oficialismo pretende cerrar la investigación, alegando que los plazos vencieron. Para poder continuar con los trabajos de la comisión, la oposición debería impulsar un nuevo proyecto de resolución que prorrogue su funcionamiento. Un obstáculo más en un Congreso empantanado por las disputas políticas que impone el gobierno libertario.
