El estado reconoció su responsabilidad en la investigación del asesinato de Octavio Romero
A través de un acuerdo de solución, el estado nacional reconoció la falta de adecuación en materia de violencia por motivos de género, aplicable a los crímenes contra el colectivo LGBTI+, en la investigación del asesinato del prefecto ocurrido en 2011. El Estado argentino firmó un acuerdo de solución amistosa, reconoció su responsabilidad en la […]
Por Ramiro Quintanilla | 09/08/2022
🕒 3 minutos de lectura
A través de un acuerdo de solución, el estado nacional reconoció la falta de adecuación en materia de violencia por motivos de género, aplicable a los crímenes contra el colectivo LGBTI+, en la investigación del asesinato del prefecto ocurrido en 2011.
El Estado argentino firmó un acuerdo de solución amistosa, reconoció su responsabilidad en la falta de adecuación a estándares internacionales en la investigación penal por el crimen de Octavio Romero.
El prefecto Octavio Romero fue asesinado en junio de 2011. Se iba convertir en el primer integrante de una fuerza de seguridad en contraer matrimonio con otro hombre, cuando fue asesinado.
Fue visto por última vez el 11 de junio de 2011 cuando salió de su hogar para encontrarse con un grupo de amigos. El joven fue encontrado muerto, 6 días después, en el Río de la Plata, desnudo y con rastros de golpes, meses después de anunciar su casamiento, en el marco de denuncias por hostigamiento en su trabajo.
De acuerdo a la autopsia realizada, la muerte del efectivo de la PNA fue producto de la “asfixia por sumersión, luego de haber quedado inconsciente tras haber sido golpeado y arrojado al agua”. Ante los hechos, organizaciones LGBTIQ+ consideran que se trató de un "crimen de odio".
"El Estado argentino reconoce su responsabilidad internacional por la falta de adecuación de la investigación penal a los estándares internacionales", subraya el acuerdo suscripto este miércoles.
Se trata de un acuerdo de solución amistosa, firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la pareja de Octavio Romero, Gabriel Gersbach, quien denunció a la República Argentina ante el organismo internacional por la vulneración de derechos consagrados en la Convención Americana.
Gersbach con el apoyo de organizaciones LGBTIQ+, siempre denunció que se trató de un crimen de odio en razón de la orientación sexual de su pareja.
Te puede interesar: Retoman la búsqueda de Tehuel una vez más
En declaraciones a Télam, el abogado y activista LGBTIQ+ Pedro Paradiso Sottile, presidente de la Fundación Igualdad, señaló: "Es un hecho histórico porque por primera vez en la historia de la Argentina y de la CIDH tenemos un acuerdo de solución amistosa en torno a un crimen de odio".
"La justicia no ha llegado a ningún resultado, de hecho en el comienzo hizo todo lo contrario. No dejó participar a Gabriel como querellante, se perdieron los momentos más importantes para la prueba y la investigación. Nosotres sostenemos que sobran pruebas para decir que se trató de un crimen de odio", agregó.
El acuerdo firmado también plantea una serie de medidas de reparación simbólica y económica para las víctimas y sus familiares. Entre los compromisos asumidos, se destacan políticas públicas que promuevan la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia por motivos de género, en particular, en razón de la orientación sexual, identidad de género, su expresión y/o característica sexual y a todos aquellos hechos que involucren a miembros de las fuerzas de seguridad.
Por otro lado, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación se comprometió a fortalecer el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género (CAAVVG), aumentando la cantidad de profesionales con el objetivo de incrementar la representación del Cuerpo en un mayor número de jurisdicciones del país, a quienes capacitará de forma periódica.
