Ante la presentación de un proyecto de ley que pretende modificar el Código Penal en relación con las falsas denuncias sobre casos de violencia de género, familiar y sexual, dialogamos con la Fundación Vivir Libres sobre el trasfondo de la iniciativa.
La senadora Carolina Losada, de la Unión Cívica Radical (UCR), presentó un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal de la Nación en lo que respecta a falsas denuncias sobre casos de violencia de género, familiar y sexual.
La autora de la iniciativa resumió que este proyecto «apunta a que la denuncia verdadera tenga lugar y todos los recursos se apunten a esa denuncia» y «tiene que ver con penalizar a la mentira, la estafa contra la justicia, y con que la justicia sea realmente más transparente y sea equitativa e igual para todos».
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En tanto, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, señaló que «la falsa denuncia no solo daña a la víctima, sino que vulnera todo el sistema en general y la credibilidad de las instituciones» y que «no puede tolerarse la mentira al juez, al fiscal ni a la policía. Tampoco utilizar una herramienta judicial para obtener un beneficio personal o de un tercero. Tienen que ser castigados los que cometen delitos y máxime los que acusan falsamente».
Sumado a lo anterior, aseguró que el Código Penal «necesita una reforma urgente» y que, en casos de falsas denuncias, «la pena tiene que ser ejemplar».
¿Hay posibilidades de que esta iniciativa prospere?
En diálogo con El Resaltador, las abogadas Micaela Turnes, Dania Villanueva y Antonella Audisio -integrantes de la Fundación Vivir Libres-, expusieron, en primer lugar, que las sanciones por falsas denuncias y falsos testimonios ya tienen existencia en el Código Penal, para todos los delitos.
«Denunciar es un derecho de todas y todos los ciudadanos. Es el Estado el encargado de investigar y establecer dos cosas fundamentales: la primera es si el hecho existió y la segunda es si la persona acusada es responsable por ese hecho», explicaron.
«No es una tarea de los ciudadanos saber con qué prueba tienen que contar para que una causa judicial avance o llegue a juicio. Es el Estado quien tiene el deber de decir si el hecho denunciado, existe o no para la Justicia. Establecer o proponer agravantes para delitos específicos podría dañar el principio de igualdad ante la ley, esto nos hace resonar algunas preguntas ¿por qué algunos delitos específicos merecerían mayor reproche penal de una supuesta falsa denuncia o falso testimonio? ¿Qué se esconde detrás de este proyecto de ley? ¿A quiénes intenta defender este tipo de propuestas?».
¿Quiénes saldrían beneficiados con esta normativa?
En caso de que el proyecto de ley presentado por Carolina Losada prospere, cabe preguntarse a quiénes beneficiaría ya que la iniciativa es en sí, arbitraria.
Sobre este aspecto, desde la Fundación Vivir Libres hicieron hincapié en que la iniciativa transmite la idea de que, si una denuncia no puede probarse, se consideraría automáticamente como falsa.
«Esto expone a las víctimas a posibles decisiones legales injustas. Hablar de que una causa judicial no tiene pruebas suficientes, no significa de ninguna manera que el hecho no existió en la realidad, sino que simplemente, por algún motivo, un fiscal manifiesta que no se pudo probar».
Para Turnes, Audisio y Villanueva, estas propuestas ocultan la intención de «desalentar a quienes buscan justicia».
«Es sumamente grave intentar perpetuar el silencio de las víctimas, porque implica perpetuar la impunidad de quienes cometen estos delitos», sumaron.
Asimismo, enfatizan que «este nuevo fenómeno denominado “falsas denuncias” en realidad pareciera no estar en contra de las “falsas denuncias” en sí.
«Lo que observamos es que están directamente en contra de sentencias judiciales determinadas por un juez, en donde el Estado durante años investigó con todas las garantías constitucionales y herramientas procesales vigentes para decidir finalmente que alguien es culpable de un delito. No basta solo el hecho de denunciar para que alguien sea condenado, sino que se valoran en conjunto todas las pruebas presentes en el caso, tales como prueba informativa, declaraciones, testimonios, pericias, etc., que determinan la responsabilidad del imputado».
Con lo anterior, aluden a que, en nuestro país, nadie va preso solamente por ser denunciado. «La denuncia es el primer paso de un largo proceso, que se jacta de muchas instancias y se garantiza el derecho a la debida defensa del imputado».
Por ende, para las entrevistadas, estos discursos tensionan la propia legitimidad del Poder Judicial y sus decisiones: un aspecto sumamente grave para una sociedad con una desconfianza creciente en las instituciones.
«El Estado no puede ni debe erigirse como un obstáculo adicional más para quienes se animan a denunciar»
La Fundación Vivir Libres resalta que estos delitos «son de orden público».
Es decir, «al Estado le importa impartir justicia para las víctimas que lo sufren y también cumplir con las obligaciones que asumió al ratificar tratados internacionales importantes para la defensa de los derechos humanos de las mujeres, diversidades e infancias, como por ejemplo La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de los Derechos de Los niños, entre otros, entendiendo a la violencia como un problema que afecta a toda la sociedad en su conjunto y no solamente en términos individuales de quien denuncia».
Así, «los tratados internacionales y las leyes le exigen a la Justicia que se reconozca el estado de vulnerabilidad que pueden tener las personas que se encuentran en un contexto de violencia de género, familiar o sexual».
En la misma línea, exponen que las mujeres e infancias tienen que atravesar y enfrentar muchos obstáculos para llegar a denunciar casos de violencia de género, familiar y sexual.
«Estas barreras incluyen presiones del entorno en el que viven, como la influencia de familiares o de la comunidad, las manipulaciones ejercidas por el agresor —frecuentemente un miembro de su propia familia—, la vergüenza, el miedo al estigma social y la desinformación sobre cómo se llevará a cabo el proceso judicial. En este contexto, el Estado no puede ni debe erigirse como un obstáculo adicional más para quienes se animan a denunciar», ratifican.
Ausencia de datos estadísticos, una problemática creciente
Para las entrevistadas, la problemática más grave y urgente en los casos de violencia de género, familiar y sexual no está ligada a la presentación de denuncias, sino a que no existe una cifra registrada que releve estas situaciones.
«La mayoría de los casos que existen en la realidad no son denunciados y no pasan un proceso judicial. Este tipo de ideas o proyectos de ley, lo único que buscan es desalentar aún más las denuncias que ya encuentran desalentadas por el propio entorno, por la familia, e incluso aún por el Poder Judicial, que en general tarda en años en investigar los que sí se presentan».
«Si bien hubo avances, los procesos todavía siguen siendo revictimizantes y sin perspectiva de género, burocráticos e incómodos para las víctimas», subrayan desde la Fundación Vivir Libres.
«Creemos que una ley así no debe aprobarse»
Las abogadas Dania Villanueva, Micaela Turnes y Antonella Audisio resaltan que, para ellas, «una ley así no debería aprobarse».
No obstante, agregan que esperan que los tres poderes del Estado, tanto nacional como provincial, adviertan la gravedad que reviste esta posible ley «y se preparen para tomar cartas en el asunto sobre la importancia de la formación permanente de funcionarios públicos y empleados estatales en torno a la perspectiva de género y derechos humanos».
Es una obligación del Estado Argentino en la que todavía notamos la enorme falta de compromiso y puesta en práctica. Ante los avances de discursos conservadores y movimientos anti derechos que atentan contra la dignidad y la vida libre de violencias, necesitamos seguir mostrando que esto una realidad que afecta la vida de miles de mujeres, diversidades e infancias.
Fundación Vivir Libres
Para concluir, enfatizaron en que «las organizaciones de la sociedad civil que formamos parte del activismo feminista, como nuestra Fundación, seguiremos acompañando y transitando el camino de la justicia para quienes se animan a denunciar y también seguiremos generando espacios que permitan que otras víctimas puedan hablar y encontrar reparación ante hechos que destruyen su autonomía y el desarrollo personal de cada una».
«Para esto, las tareas de prevención y capacitación a operadores jurídicos y comunitarios son fundamentales para ayudar a detectar la de violencia de género en los diferentes ámbitos y territorios. Consideramos que es una tarea diaria defender los derechos que hemos conseguido durante estos años, que, como vemos con estas acciones de estos sectores, no podemos ni debemos dar por asegurados».
