El Estado flexibiliza políticas de protección de fauna silvestre
El Estado argentino flexibiliza políticas de protección de fauna silvestre. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAYDS), a cargo de Sergio Bergman, creó el Registro Nacional de Operadores de Fauna Silvestres, que desestima regulaciones necesarias para el control de tráfico de animales. Por medio de la Resolución Nº231/2019, firmada a finales de junio, el […]
Por Emilia Urouro | 07/10/2019
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El Estado argentino flexibiliza políticas de protección de fauna silvestre. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAYDS), a cargo de Sergio Bergman, creó el Registro Nacional de Operadores de Fauna Silvestres, que desestima regulaciones necesarias para el control de tráfico de animales.
Por medio de la Resolución Nº231/2019, firmada a finales de junio, el nuevo registro modificará y desestimará varias regulaciones, que según organizaciones conservacionistas, debilitarán diferentes mecanismos de control de tráfico de fauna silvestre.
El objetivo del Registro nacional de Operadores de Fauna Silvestre, es registrar a las personas humanas o jurídicas que realicen operaciones de tránsito y comercio de fauna silvestre,abarcando sus productos y subproductos.
El organismo encargado de aprobar o rechazar las solicitudes de tránsito será la Dirección Nacional de Biodiversidad, en el plazo de 10 días hábiles. Transcurrido el plazo de días, sin una respuesta formal del organismo de aplicación, se considerará el trámite aprobado.
“Los requisitos exigidos en la normativa derogada velaban por la conservación de la fauna silvestre, previniendo irregularidades y facilitando los denominados ‘sistemas cruzados’ de fiscalización y trazabilidad”, explica la Fundación Azara, en una nota enviada a Sergio Bergman, y recurren a la ley nacional de conservación de fauna silvestre Nº22421.
El tráfico de productos y subproductos de elefantes o rinocerontes, la venta de animales vivos como aves rapaces y guacamayos, son algunos ejemplos de lo que puede aumentar a causa de la flexibilización de políticas proteccionistas, según la Fundación Azara.
En la nota presentada por la fundación, expresan que es preocupante que el Anexo I estipule el marcado obligatorio solo para los individuos, omitiendo de la obligatoriedad de marcar productos y subproductos provenientes de criaderos o sistemas de cría en granjas (cueros, pieles, etc.). Obstaculiza conocer la procedencia del producto final.
Diferentes organizaciones conservacionistas, en diálogo con la izquierda diario, advierten que la nueva normativa es un retroceso en políticas públicas de protección de la biodiversidad. Consideran que la fauna silvestre se verá perjudicada y las ONGs a favor del cuidado de la fauna, tendrán menos margen de acción.
