El Resaltador dialogó con Fundeps, para profundizar sobre las políticas liberales del gobierno de Milei y su impacto en materia ambiental en el país.
A mediados de año, el Congreso aprobó la Ley Bases. A pesar de la resistencia de diferentes sectores, consiguieron los votos al ceder algunos puntos claves. Y el tema ambiental quedó aún más relegado de la agenda presidencial.
El RIGI hecho a medida de empresarios
La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), en diálogo con El Resaltador, profundizó sobre el debate que gira en torno a la cuestionable Ley Bases y los beneficios que esta otorga a empresas extranjeras para el uso y explotación de los recursos naturales del país.
Uno de los ejes es el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), el cual favorece y atrae proyectos de gran envergadura en sectores como el agropecuario, la minería y los hidrocarburos. Sin embargo, desde el colectivo sostienen que, “se trata de proyectos con altos impactos ambientales, ecosistémicos y sociales, pese a ello en ninguno de sus capítulos contempla la variable ambiental”.
Recordemos que el Régimen ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para facilitar la llegada de grandes empresas y que estos beneficios son intransferibles durante 30 años.
En relación con el punto anterior, Fundeps ratifica que el RIGI “no exige evaluaciones de impacto ambiental ni evaluaciones de impactos acumulativos y tampoco prevé sanciones cuando se violen normas ambientales”.
Ahora, ¿por qué el Estado cedió e impulsó este régimen que tiene tanto impacto negativo? Se justifica su implementación aludiendo a que las inversiones extranjeras van a traer y fomentar un rápido crecimiento económico.
«Esto es una falacia. Por un lado, porque prioriza los beneficios económicos de las empresas a corto plazo sobre la sostenibilidad ambiental, la autodeterminación de las comunidades y su bienestar a largo plazo, y el desarrollo productivo local. Pero, a su vez, las empresas no están obligadas a la generación de empleo directo e indirecto, a la construcción de capacidades y la transferencia tecnológica», explican.
Al mismo tiempo, el RIGI atenta contra el federalismo, la división de poderes y la legislación local. Para Fundeps, esto solo genera más pobreza, el aniquilamiento de los bienes naturales, una economía local débil con un desarrollo insuficiente y la necesidad de más recursos del Estado para paliar las crisis social, ambiental y climática que ocasiona.
Exclusión de las comunidades originarias
El RIGI excluye la participación ciudadana y la consulta a comunidades originarias, contradiciendo tratados internacionales y leyes nacionales que protegen sus derechos y su entorno natural.
“Por un lado, hay que contemplar que los derechos de las comunidades originarias están protegidos tanto por la Constitución como por Tratados Internacionales. Por el otro, todas las personas tienen derecho a participar en los procesos de toma de decisiones que pueden afectar al ambiente y a su salud”.
Además, las compañeras del colectivo hacen hincapié en que a nivel internacional existen tratados que protegen dichos derechos de las comunidades originarias, como es el caso del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual establece el derecho a la consulta previa, libre e informada y la participación de los pueblos en la toma de decisiones.
En cuanto a lo nacional, se ratificó el Acuerdo de Escazú, que compromete a los Estados a garantizar el acceso a la información, la justicia y la participación ciudadana en materia ambiental al público en general. Asimismo, la Constitución Nacional reconoce estos derechos en marcos legales como la Ley Nacional n°23.302, que trata sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes y plantea mecanismos para garantizar la consulta y participación de las comunidades indígenas en decisiones que afecten a sus derechos y recursos naturales.
No es solamente la ley bases, es todo el modelo
Hay diversas medidas que viene adoptando el gobierno que afectan de modo directo e indirecto al ambiente. La degradación del Ministerio de Ambiente a Subsecretaría, la disminución de fondos destinados a las políticas ambientales, la reducción de personal en Parques Nacionales, su postura contraria a la Agenda 2030 y el negacionismo al cambio climático.
«Hace unos días se firmó además el Pacto de Mayo, el cual tiene como eje central la explotación de los recursos naturales sin contemplar la dimensión ambiental. Es decir, sin tener en cuenta el impacto que ciertas actividades tienen sobre el ambiente y los territorios», advierte la organización.
Además, señalan otras decisiones más sutiles que buscan invisibilizar y sacar de discusión cuestiones ambientales: Por ejemplo, se hizo público que el INTA prohibió el uso de las palabras “cambio climático”, “sustentabilidad”, “agroecología”, “género”, “biodiversidad”, “huella de carbono” y “prohuerta” en documentos y publicaciones del organismo.
«Todos estos intentos por destruir nuestro marco regulatorio ambiental, que con tanto esfuerzo fue logrado por las comunidades, movimientos y organizaciones de la sociedad civil, no traerán ninguna riqueza. Por el contrario, nos alejan de oportunidades a nivel internacional, causa inseguridad jurídica y más conflictividad social», sostiene Fundeps.
Hay que tener en cuenta que, durante la firma del pacto de mayo, el presidente instó a los gobiernos provinciales a avanzar en la explotación de los recursos naturales sin contemplar la dimensión ambiental ni las demandas de las comunidades locales y la sociedad civil. Por eso, más de 80 organizaciones socioambientales de todo el país firmaron una carta en rechazo a este mensaje.
«Las redes nos sostienen»
Las organizaciones sociales están siendo permanentemente atacadas y difamadas, las personas defensoras de derechos humanos corren peligro por defender conquistas históricas y sus territorios.
«Hoy nos toca acompañarnos, sostenernos, tejer lazos y construir estrategias conjuntas, porque cuando el Estado deja de cumplir con su deber, se ausenta e incluso ataca los derechos ambientales, la comunidad, a través de sus distintas formas de organización, es la que resiste«, resaltaron.
