El aborto es ley ¿y ahora qué pasa?

El 30 de diciembre la Interrupción Voluntaria del Embarazo fue aprobada en el Senado. Un día histórico para el movimiento feminista y para la sociedad argentina. Ahora, es clave asegurar su implementación efectiva a lo largo y ancho del país.

Por Emilia Urouro y Carmela Laucirica

El aborto es ley, una conquista que fue militada por años, una victoria de la marea verde que lleno calles y ciudades enteras. Ante este panorama, un abanico de escenarios o posibilidades, que serán reflejadas en la sociedad, merecen ser mencionadas.

Personas gestantes criminalizadas por abortos deberán ser sobreseídas

A las mujeres y personas con capacidad de gestar con causas penales en curso por abortos practicados dentro de las 14 semanas les corresponde ser sobreseídas automáticamente por la Justicia en cuanto entre en vigencia la flamante ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

La abogada feminista Soledad Deza, en dialogo con Télam, explicó que las mujeres criminalizadas por aborto dentro del primer trimestre de gestación “inmediatamente debieran quedar sobreseídas”, que no es lo mismo que archivar la causa.

Es importante resaltar que, según la normativa recientemente aprobada, las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 14 inclusive, del proceso gestacional.

“Siempre que los abortos sean compatibles con lo que se estipula ahora en la ley, juezas y jueces que intervienen en esas causas tienen que actuar de oficio, es decir, no lo tiene que pedir nadie, y deben aplicar la ley penal más benigna, que es la nueva ley donde ya no es delito cometer un aborto antes de la semana 14”, señalaron voceras del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MGyD).

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El pasado 29 de diciembre, se aprobó en el Senado la Ley de IVE

Se continúa criminalizando el aborto en Argentina

La criminalización del aborto es una problemática que atraviesa al país. Según un relevamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que comenzó en 2019 y abarcó el periodo 2012-2020, – actualizado la semana pasada-, existen 1.532 mujeres que afrontan causas penales por aborto y 37 por eventos obstétricos criminalizados en 17 jurisdicciones argentinas.

Esos datos surgieron desde Santa Fe, Río Negro, Chaco, Chubut, Córdoba, Neuquén, Formosa, Catamarca, Corrientes, Tucumán, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Jujuy, San Luis, La Pampa y la Justicia Nacional.

¿Por qué se insiste en el sobreseimiento? Deza indicó que las causas se archivan si no hay sobreseimiento y el prontuario queda abierto, “entonces las mujeres no obtienen, por ejemplo, un certificado de buena conducta para acceder a empleos”.

Tenemos la ley, pero los antiderechos continúan trabajando

Apenas salió la normativa, los sectores políticos y religiosos que se oponen a la ampliación de derechos para mujeres y personas gestantes, confirmaron que su trabaja iba a seguir. Es decir, que van a insistir en diferentes niveles para obstaculizar el cumplimiento de la ley de IVE.

“Si este proyecto llegara a transformarse en ley, vamos a plantear la inconstitucionalidad”, expresaba, antes del inicio del debate en la Cámara Alta, la senadora tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR). Esa frase resume uno de los argumentos más usados por los anti derechos. 

Para profundizar el tema, nos comunicamos con Marisa Herrera, Doctora en Derecho UBA e Investigadora CONICET. Primero, le consultamos sobre una posible judicialización de la ley 27610.

“Como toda norma, puede ser puesta en tensión su constitucionalidad ante la Justicia. Argentina recepta un sistema de control de constitucionalidad difuso, es decir, a cargo de cada juez/jueza y ante planteos concretos, no en abstracto. Por lo cual, es posible que traten de ‘construir’ un caso para aprovechar y plantear la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley que ya tiene número, ley 27.610”, comentó.

Acto seguido, agregó: “Claramente no seré yo quien de ideas para hacer planteos que en mi opinión, no van a tener cabida en la Justicia, siendo que este tipo de resoluciones terminarían recayendo en una decisión final por parte de la Corte Suprema. El problema es el tiempo que insumen los procesos judiciales y que por el sistema que adopta el ordenamiento jurídico mencionado, debería pasar por primera instancia, Cámara o segunda instancia, Superior Tribunal de Justicia de la provincia que sea y recién ahí llegar a la Corte Federal”.

Crédito: http://www.abortolegal.com.ar/

La lucha continúa para lograr la implementación de la ley

El tiempo es algo que las mujeres y las personas gestantes no pueden perder. Sobre todo, cuando están en juego derechos como la libertad, la autonomía y la dignidad. 

En relación al punto anterior, la profesional explicó que para evitar todo este dispendio jurisdiccional y de tiempo, en el marco del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial de la Nación, algunos integrantes recomendaron la necesidad de estudiar una acción declarativa de inconstitucionalidad para que directamente estos casos vayan a la Corte y sean resueltos en plazos breves.

“Plazos que hoy la máxima instancia judicial del país no tiene. Y que es otra de las grandes falencias que se expuso de resalto en las recomendaciones elaboradas y presentadas al presidente de la Nación el pasado 10/12, día de la democracia; interesante y simbólico vincular la democracia con la justicia, otra de las grandes e insostenibles deudas pendientes”, comentó Herrera.

El próximo paso es asegurar la implementación de la IVE

Como mencionamos al inicio de esta nota, ahora, la lucha del movimiento feminista deberá ser asegurar la implementación efectiva de la IVE a lo largo y ancho del país.

“Se presenta una nueva etapa tan importante como la ley misma: la de su implementación. Que no es otra cosa que la efectividad de los derechos que allí se regulan; es decir, la coherencia entre ‘Derecho y Realidad’. Que si nos atenemos a lo que ha sucedido con la ILE, que es legal desde 1921, sabemos que las resistencias prácticas son fuertes y que ahí hay un gran ámbito para seguir trabajando”, resaltó la Doctora en Derecho.

¿Cómo encarar esta nueva etapa y asegurar el acceso al aborto legal? La investigadora mencionó tres acciones claves:

  • Lograr una muy buena reglamentación.
  • La provisión pública y rápida de misoprostol, lo cual también involucra su elaboración.
  • Una fuerte labor de capacitación y sensibilización a la ciudadanía, en especial, para profesionales de la salud.

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La Justicia y los medios criminalizan a las más pobres

El informe sobre criminalización por aborto en Argentina, llevado a cabo por CELS, comienza su introducción mencionando un caso particular: el de Belén. En 2014, la joven acudió al Hospital de Clínicas Presidente Dr. Nicolás Avellaneda, en Tucumán, por un dolor de panza. Sin saber que estaba embarazada, tuvo un aborto espontáneo en el baño del lugar.

A partir de allí, la violencia institucional perpetuada por el Estado fue moneda corriente en la vida de Belén. El desafortunado evento obstétrico de la joven se convirtió en un caso penal. Entró a la cárcel por homicidio doblemente agravado con 25 años, salió con 29.

Con esta historia introductoria, el informe de CELS registró 73 casos de criminalización por aborto u otros eventos obstétricos publicados en los medios. En la mayoría de estos casos, las protagonistas son mujeres pertenecientes a sectores económica y socialmente vulnerables.

“X trabajaba de 5 de la mañana a 9 de la noche en el frigorífico de una
cooperativa. No tenía vacaciones, ni licencia por maternidad, ni días por salud. Ella tenía en ese momento cuatro hijos, dos con su primera pareja, dos con su segunda pareja. Los padres no aportaban dinero para la crianza. Ocultó en su trabajo la panza por temor a ser despedida”, ejemplifica el informe de CELS.

En cuanto a las mujeres criminalizadas por abortar, la mayoría se encuentran entre los 20 y los 29 años. En cuanto a las que lo han sido por eventos obstétricos como Belén, la mayoría tiene entre 20 y 24 años. Al analizar los casos que han tenido lugar en la prensa, se conoció que un 21% de las causas judiciales son iniciadas por el personal de salud que atendió a esas mujeres.

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