La segunda vuelta en Ecuador profundizó la ya existente inseguridad jurídica y política. Conversamos con José Sarango Gualán, miembro del pueblo originario Saraguro e integrante de la CONAIE, sobre las consecuencias de un sistema electoral y democrático que carece de garantías.
Este domingo 13 de abril se celebró el balotaje en Ecuador. Casi 14 millones de ciudadanos eligieron no solo un presidente, sino dos modelos en disputa en el marco de una violenta segunda vuelta.
El actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, logró la reelección con más del 90 % de las actas escrutadas. El actual gobernante lidera los resultados de las elecciones con el 55,88 % de los votos válidos frente al 44,12 % de la correísta Luisa González, según datos del CNE.
La segunda vuelta en Ecuador, lejos de ofrecer una solución a la crisis, profundizó la ya existente inseguridad jurídica y política.
Conversamos con José Sarango Gualán, miembro del pueblo originario Saraguro e integrante de la CONAIE, sobre las consecuencias de un sistema electoral y democrático que carece de garantías.
Esta sexta elección presidencial en los últimos seis años ha estado marcada por acusaciones de fraude, corrupción e injerencia extranjera, evidenciando una democracia (neo)liberal inmersa en una inseguridad generalizada y bajo un virtual estado de sitio, donde fuerzas militares locales y extranjeras custodian un resultado puesto en duda por la oposición. La incertidumbre cotidiana se agudiza aún más en estos momentos.
El ambiente en el país dista mucho de ser «normal», tal como lo describieron diversos medios internacionales tras el primer escrutinio que declaró a Noboa ganador, según los resultados del Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE). La vía del sufragio, empañada por denuncias de fraude y corrupción, condujo a la proclamación de la derecha ecuatoriana, responsable del aumento de la inseguridad ligada al narcotráfico, como la fuerza vencedora.
Provincias militarizadas por un ejército nacional con denuncias de violaciones a los Derechos Humanos; la presencia en la campaña oficialista del representante de un ejército privado como «Blackwater» –ya con tropas en el país–; una crisis de seguridad sin precedentes históricos; altos mandos norteamericanos acelerando la instalación de una base militar en las Islas Galápagos; y el debate sobre una nueva constitución favorable a la élite empresarial, componen la imagen de un país que se hunde cada vez más ante oportunidades presentadas como aparentes salvavidas.
¿Y si la democracia neoliberal es el fraude?
No es necesario ser un analista político brillante ni un experto en materia electoral latinoamericana para cuestionar las cifras emitidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador.
Si en la elección anterior ambos candidatos obtuvieron un número de votos casi idéntico (Noboa superó a su contrincante por solo 16.000 sufragios), y para esta segunda vuelta, Luisa González, de la oposición, consolidó una alianza con Pachakutik, la tercera fuerza política del país (brazo político-electoral del movimiento indígena), que en la primera vuelta obtuvo un significativo 5,25%, resulta paradójico que González haya obtenido incluso menos votos que en la primera ronda. No solo no sumó votos, sino que restó, una situación extraña y sin precedentes recientes.
Es crucial destacar que la unidad no se limitó al movimiento indígena; también se sumaron los ex candidatos Carlos Rabascal (Izquierda Democrática) y Jan Topić, lo que sugería una transferencia de sus votantes hacia Revolución Ciudadana, tal como lo pronosticaban la mayoría de las encuestas, que anticipaban una victoria de Luisa González.
Ante el escrutinio definitivo emitido por la institución electoral, González no reconoció los resultados, acusó fraude y exigió a las autoridades repetir el conteo. Es la primera vez que RC no reconoce los resultados de las últimas seis elecciones.
“Denuncio ante mi pueblo, ante los medios de comunicación y ante el mundo entero que Ecuador vive bajo una dictadura”, sentenció Luisa González en su discurso al final de la jornada electoral.
Desde el comienzo de la campaña, la coalición opositora referenciada en el ex presidente Rafael Correa había denunciado irregularidades, tales como la autorización a Noboa a hacer campaña sin tomarse licencia como lo establece la constitución, el desconocimiento a los poderes de su vicepresidenta, el acuerdo firmado con el ejército privado Blacwater para su instalación en el país, entre otras controvertidas medidas.
El secretario General del Partido Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, denunció irregularidades a través de sus redes sociales, donde publicó imágenes de actas electorales sin las firmas conjuntas del presidente y secretario de las Juntas Receptoras de Voto (artículo 127 del Código de la Democracia), las cuales a su entender favorecieron a Noboa.
Carlos Arauz también denunció que Diana Atamaint, presidenta del CNE, emitió declaraciones horas antes de la publicación de los primeros resultados, infringiendo normas básicas y compromisos nacionales e internacionales.
Además, el joven multimillonario Daniel Noboa, miembro del influyente clan Noboa, fue acusado por sus contendientes durante toda la campaña de utilizar fondos públicos para promocionar su imagen e incluso de difundir encuestas falsas para manipular la opinión pública. Esta acción se habría llevado a cabo en colaboración con los medios de comunicación privados que dominan el panorama mediático ecuatoriano, actores clave en la contienda por el poder.
Para José Sarango Gualán (estudiante de sociología política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y activista de la CONAIE) y gran parte de los pueblos originarios de Ecuador, el proceso electoral estuvo viciado desde el inicio:
«El posible fraude no es un hecho aislado, sino el resultado de un proceso que el gobierno ha estado implementando desde hace tiempo, y que ahora se denuncia. Si se violan leyes constitucionales, se cooptan todas las instituciones con personas afines, se utiliza todo el aparato estatal a favor propio en detrimento de los competidores, se legitima un CNE que sube actas sin firmas, entonces el resultado es un proceso electoral turbio y cuestionable».
Militarizar para disciplinar y entregar, ¿el miedo espejado?
En los días previos a la segunda vuelta, y bajo el argumento de la «guerra» contra las «mafias» y el denominado «narcoterrorismo», Noboa declaró el estado de excepción en Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos, el Distrito Metropolitano de Quito (provincia de Pichincha) y el cantón Camilo Ponce Enríquez (provincia de Azuay), distritos donde Luisa González había obtenido la victoria en la primera vuelta.
Para José Sarango Gualán, la militarización de estas provincias responde a una estrategia de presión por parte de Noboa:
«Los militares han estado restringiendo derechos en el espacio público, y ahora, con la militarización de amplias zonas, se ejerció una presión brutal sobre el electorado», afirma el entrevistado.
«El hecho de que Noboa haya pagado para fotografiarse con Trump revela mucho. La presencia de Erik Prince también. Hay una injerencia clara y evidente de Estados Unidos en Ecuador. Al estar cerca de Colombia y Venezuela, territorios donde han perdido influencia, nos encontramos bajo una mayor presión. Si pierden Ecuador, pierden el control de la parte norte de Sudamérica; por eso avanzan con la base militar en Galápagos y con el Fondo Monetario Internacional, que nos obliga a pagar una deuda mediante el aumento del IVA. Es evidente que necesitan controlar Ecuador», afirma José.
La militarización decretada hace más de un año en Ecuador parece responder más a un plan de disciplinamiento y control social que a una lucha contra el narcotráfico, con el cual el gobierno tendría estrechos vínculos, según una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
El presidente intenta hacer del miedo social una empresa lucrativa para expandir sus negocios familiares y facilitar los intereses extranjeros sobre las tierras ecuatorianas. Sin embargo, también refleja el temor a posibles levantamientos del movimiento indígena y otros sectores sociales organizados. Una muestra de ello es el encarcelamiento político de los militantes guevaristas en Ecuador.
«Noboa es un fascista radical cuyo único interés es mantenerse en el poder. Si los problemas sociales se resuelven o no, no es de su incumbencia. Durante su gestión, el crimen organizado se ha expandido por todas partes. Se les fue de las manos. Su Plan Fénix es una maravilla para el marketing, pero problemático porque el ejército está violando derechos humanos y restringiendo derechos civiles en la vía pública», advierte el miembro del pueblo originario Saraguro.
Nueva constitución para restablecer la vieja constitución
Uno de los deseos de Noboa y la élite empresarial ecuatoriana es modificar la Constitución sancionada en 2008, la cual reconoce Derechos de la Naturaleza; el Buen Vivir de los pueblos originarios; amplios reconocimientos a los Derechos Humanos; Plurinacionalidad e Interculturalidad; Participación Popular; Protección Ambiental; entre otros aspectos pocos reconocidos en cartas magnas de otras latitudes latinoamericanas.
“El gobierno propone una nueva constituyente porque quiere borrar las jubilaciones, los derechos colectivos de nuestros pueblos y los derechos laborales. Al mismo tiempo firma acuerdos de libre comercio con Canadá para avanzar en proyectos extractivos en minería e hidrocarburos, todos en nuestros territorios”, acusa José.
Según Sarango Gualán, la intención del gobierno es volver a la constitución de 1998, mucho más regresiva y restrictiva en términos de derechos que la actual. Una carta magna neoliberal, señala.
¿Y ahora?
El movimiento indígena ecuatoriano ha generado levantamientos en 1990, 1994, 1997, 2000, 2003, 2019 y 2022. Liderados por la CONAIE, las y los pueblos originarios son un factor fundamental en la historia del país. Actores determinante en el destino de millones.
Consultado por los pasos a seguir, José advierte que la CONAIE, a pesar de haber firmado un acuerdo estratégico con Revolución Ciudadana, fuerza con la que mantienen amplias diferencias (especialmente en lo que respecta a la explotación de bienes comunes naturales), tendrán una asamblea en los próximos días para definir acciones a tomar de manera conjunta.
“Tendremos una lucha bastante fuerte en lo que queda para adelante, ya sabíamos que si esto se consumaba íbamos a tener que enfrentar a Noboa directamente, hemos sabido resistir cualquier intromisión, sean del progresismo o del neoliberalismo en nuestros territorios y esta no será la primera ni la última vez”, asegura finalmente el entrevistado.
