La Cámara de Diputados continúa este jueves con la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares, en medio de críticas por restricciones a la participación y denuncias por el intento del Gobierno de flexibilizar la protección ambiental en zonas periglaciares.
Tras una primera jornada atravesada por tensiones dentro y fuera del Congreso, la Cámara de Diputados reanudará este jueves 26 de marzo, desde las 10, la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares. A diferencia del encuentro inicial -que fue presencial y estuvo marcado por protestas de organizaciones ambientalistas-, la segunda instancia se desarrollará de manera virtual con expositores de distintos puntos del país.
El proceso legislativo avanza en un clima de fuerte polémica. Sectores opositores y organizaciones socioambientales cuestionan no solo el contenido del proyecto, sino también las condiciones en las que se lleva adelante el debate. En ese marco, se presentaron pedidos de nulidad en la Justicia por la decisión del oficialismo de limitar a 200 el número de oradores, lo que dejó afuera a numerosas voces críticas.
La primera audiencia, realizada el miércoles, evidenció ese malestar. Mientras en las inmediaciones del Congreso se multiplicaban las manifestaciones contra la reforma, dentro del recinto se sucedían exposiciones mayoritariamente contrarias al proyecto, muchas de ellas con duros cuestionamientos al avance de la actividad minera en zonas protegidas.
La jornada estuvo encabezada por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente, y no estuvo exenta de cruces entre expositores y legisladores, en especial de la oposición, que denunciaron un intento de acelerar el tratamiento de una iniciativa con alto impacto ambiental.
El proyecto en discusión, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone modificar los alcances de las áreas protegidas por la Ley de Glaciares. En concreto, habilita la posibilidad de realizar actividades de exploración y explotación económica en zonas periglaciares que hasta ahora permanecían resguardadas de intervenciones extractivas.
Para organizaciones ambientalistas, especialistas y sectores académicos, la iniciativa representa un retroceso en materia de protección ambiental y una concesión directa a los intereses de la megaminería. Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que la reforma busca “equilibrar” el desarrollo productivo con el cuidado del ambiente.
Sin embargo, el desarrollo de las audiencias públicas alimenta las sospechas de que el Gobierno intenta avanzar en una modificación sensible sin habilitar un debate amplio y genuino. La continuidad del proceso este jueves, ahora en formato virtual, será una nueva prueba de ese clima de disputa.
