La iniciativa apunta a modificar el Código Penal y a establecer penas para los funcionarios públicos que alteren las pruebas de una investigación.
Este martes 19 de noviembre, la Cámara de Diputados dio dictamen a la denominada «Ley Blas», que busca establecer como un delito la modificación de la escena del crimen por parte de funcionarios públicos.
Recordemos que Blas Correas fue asesinado cuando tenía 17 años por la policía de Córdoba en el año 2020. Circulaba con cuatro amigos en un Fiat Argo, cuando al evadir un control policial en la zona sur, dos efectivos dispararon contra el auto y uno de esos proyectiles impactó en la espalda de Blas, provocándole la muerte.
Al cabo de este hecho, la investigación estuvo intervenida por agentes que plantaron un arma para simular un enfrentamiento con las víctimas. Los policías que asesinaron al joven fueron condenados a prisión perpetua.
El proyecto de la Ley Blas fue presentado por la diputada nacional por Córdoba, Gabriela Brouwer de Koning, y fue elaborado junto a la familia de Blas. La iniciativa busca penalizar un accionar policial habitual en los casos de gatillo fácil.
Un paso más hacia la justicia: la Ley Blas avanza en el Congreso.
— Gabriela Brouwer de Koning (@GabrielaBrouwer) November 20, 2024
La Comisión de Legislación Penal aprobó el dictamen que acerca la “Ley Blas” a su aprobación final. Este proyecto, que impulsamos junto a la familia de Blas Correas y especialistas, busca combatir la impunidad en… pic.twitter.com/AZLiggGuQn
Además, se busca incorporar al Código Penal el delito de «alteración o modificación de la escena del crimen» por parte de funcionarios públicos, y prevé una «pena 4 a 12 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, siempre que no suponga un delito más severamente penado».
El establecimiento del delito apunta a que el funcionario público que «en ejercicio u ocasión de sus funciones que, con el objeto de entorpecer una investigación, asegurar su impunidad o la de terceros o perjudicar la situación procesal de una persona, alterare pruebas o modificare la escena de un hecho delictivo».
El dictamen fue aprobado por la mayoría de la Cámara y se encuentra listo para ser elevado al recinto para ser tratada.
