Denunciaron a Luis Petri ante la ONU por desmantelar el área que investigaba los crímenes de lesa humanidad
La denuncia fue impulsada por Victoria Montenegro, legisladora por Unión por la Patria. Aseguran que el gobierno de Milei "busca obstaculizar el avance de los juicios". El ministro de Defensa, Luis Petri, fue denunciado por la legisladora de Unión por la Patria, Victoria Montenegro, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se lo acusa […]
Por Agustina Bortolon | 04/08/2024
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La denuncia fue impulsada por Victoria Montenegro, legisladora por Unión por la Patria. Aseguran que el gobierno de Milei "busca obstaculizar el avance de los juicios".
El ministro de Defensa, Luis Petri, fue denunciado por la legisladora de Unión por la Patria, Victoria Montenegro, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se lo acusa de haber ordenado el desmantelamiento del área que investigaba los crímenes durante la última dictadura cívico-militar.
Montenegro, quien preside la comisión de Derechos Humanos en la Legislatura de la Ciudad, solicitó la intervención del Relator Especial de las Naciones Unidas, Fabián Salvioli, argumentando que “la desaparición de los ERyA entorpecería no solo las investigaciones judiciales sino también el acceso a la verdad”.
Sumado a ello, consideró que "al vaciar de técnicos y técnicas a los equipos, se les obstruye la capacidad de trabajo y entorpece el acceso a los documentos y archivos que integran el acervo documental del Ministerio con las mismas consecuencias", y subrayó que desmantelar el área "impacta directamente en el derecho de las víctimas directas, de sus familias y de la sociedad en general".
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"La construcción de la memoria colectiva es esencial para la prevención de la repetición de los delitos de lesa humanidad", agregó.
Actualmente, hay 17 procesos judiciales en trámite y 62 causas con requerimiento de elevación a juicio. Para Montenegro, el gobierno de Milei "busca obstaculizar el avance de los juicios".
En simultáneo, el fiscal federal, Miguel Palazzani, le solicitó a Petri que evite tomar medidas que puedan poner en riesgo el acervo documental de las Fuerzas Armadas.
A finales del mes de marzo, Lucas Erbes, director nacional de Derechos Humanos, aseguró que 10 de los 13 trabajadores que había en el área habían sido despedidos. También expuso que el Gobierno nacional tenía intenciones de derogar las resoluciones que habían creado.
