Ante los obstáculos que ponen los sectores anti derechos, agrupaciones feministas comienzan a presentar acciones legales para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo.
Desde Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Turno de la ciudad de Resistencia, Chaco, contra la jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti, la magistrada que suspendió la aplicación de la ley de IVE en esa provincia.
Datos para tener en cuenta: la magistrada es una reconocida militante antiderechos. Su esposo, Ernesto Trotti, formaba parte de la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de la capital provincial.
La denunciaron por «la comisión de prevaricato, un delito que se configura cuando las resoluciones judiciales que dictan los jueces no son fundadas en derecho o parten de hechos falsos».
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Mediante un comunicado, señalaron que la presentación fue realizada en el marco de una estrategia jurídica amplia que construimos entre aliadas y aliados.
¿Qué sucedió? Ayer, la jueza Aucar -a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 19 de la primera circunscripción de la provincia del Chaco- dispuso la suspensión de la aplicación de la Ley Nº 27.610 (de Interrupción Voluntaria del Embarazo) en el Chaco tras una medida cautelar presentada en su despacho.
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Para CDD la magistrada «no realiza un análisis ni fundamentación objetiva de la petición de los demandantes sino que acomoda su discurso a los intereses de actores antiderechos. Se atribuye conocimiento en materia federal y desconoce la normativa nacional e internacional».
En su comunicado, advierten que la situación que plantea la jueza es de gravedad institucional para la provincia de Chaco ¿Por qué? porque es el Poder Legislativo quien dicta normas erga omnes -para todos/as- «por lo cual, el planteo llegaría al irrazonable resultado de extender una medida judicial a sujetos que no sólo no la han solicitado, sino que incluso podrían no compartirla».
Vale resaltar que el cumplimiento de la ley 27.610 es de carácter obligatorio en todo el país. No se necesitan adhesiones provinciales.
«Deja a las mujeres y personas gestantes chaqueñas en situación de ciudadanas de segunda respecto de sus con-ciudadanas en el país, en tanto no pueden acceder al derecho adquirido de interrumpir el embarazo voluntariamente hasta la semana 14 inclusive», expresaron desde la organización feminista, respecto a la decisión de la jueza.
