Denuncian a Bullrich por las multas por protestar
La presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Organización de Naciones Unidas (ONU) fue impulsada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La CGT, las dos CTA y los movimientos sociales denunciaron a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, luego de recibir intimaciones por cobros millonarios por haber realizado una marcha. En los documentos presentados […]
Por Emilia Urouro | 01/15/2024
🕒 2 minutos de lectura
La presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Organización de Naciones Unidas (ONU) fue impulsada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La CGT, las dos CTA y los movimientos sociales denunciaron a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, luego de recibir intimaciones por cobros millonarios por haber realizado una marcha.
En los documentos presentados ante los organismos internacionales, alertan sobre las "intenciones del Estado argentino de perseguir, castigar, disciplinar y desincentivar el ejercicio del derecho a la protesta"
Este pago que pretende la ministra responde a la resolución 949, que establece un sistema de cobro a las agrupaciones que ejerzan su derecho a la protesta. Según Bullrich “no es justo ni equitativo” que otros contribuyentes paguen por una “actividad ilícita”.
Por esa norma, fueron intimidados para pagar por el operativo de seguridad que se montó el 27 de diciembre, cuando las organizaciones se movilizaron para acompañar la presentación de un amparo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia.
El Ministerio de Seguridad exige a las organizaciones que paguen 60.000 dólares por la marcha contra el DNU.
“La decisión de trasladar los gastos operativos de la seguridad a los manifestantes, ya sean individuales o agrupados dentro de organizaciones sociales o sindicales, implica que el Estado se desentiende por completo de sus obligaciones (incluso internacionales) de proveer seguridad al pueblo”, afirmaron las agrupaciones en la presentación.
Los sindicatos denuncian las “intenciones del Estado argentino de perseguir, castigar, disciplinar y desincentivar el ejercicio del derecho a la protesta mediante el cobro de gastos millonarios para cubrir operativos de seguridad de las protestas sociales” que son un deber estatal.
Mediante estas cartas documentos enviadas por la ministra de Seguridad se busca amedrentar a las organizaciones que participen del paro nacional convocado para el 24 de enero. En esa jornada, se le pedirá a los legisladores que voten en contra del DNU de Milei y de su ley ómnibus.
