¿Cual es la Ley 10.694 y por qué piden su derogación?

UEPC y Luz y Fuerza se movilizaron este viernes con motivo de la derogación de la normativa que significó una modificación en el régimen previsional provincial.

El viernes, gremios cordobeses reclamaron frente a la Legislatura por la derogación de la Ley Provincial 10.694. Dicha normativa representó un ajuste a las jubilaciones y en mayo de 2020 cuando tuvo su aprobación, fue muy resistida.

A dos años de su sanción, UEPC, Luz y Fuerza, y otros sindicatos reclaman por la derogación. El jueves se realizó una reunión en la sede del gremio docente donde se estableció la medida de protesta que se realizó desde las 10 de la mañana.

En este sentido desde, Luz y Fuerza señalan: "Rechazamos el cálculo sobre los últimos 10 años de aportes, el diferimiento de dos meses de los aumentos y el arbitrario descuento a jubilados y pensionados con doble beneficio".

Desde el gremio que conduce Gabriel Suárez también señalan que quieren que se realice una iniciativa popular para la modificación de la ley.

Por último, concluyen: "Exigimos el pago del 82% móvil y la restitución de la caja a sus legítimos dueños, los trabajadores activos y pasivos".

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¿Qué modificaciones trajo la Ley 10.694?

Esta ley, tan polémica en 2020, establecía en el caso de los nuevos jubilados y pensionados, una "armonización" con la Nación del período para calcular el haber inicial: "la base de cálculo se efectuará sobre el promedio actualizado de las últimas ciento veinte (120) remuneraciones con aportes a la Caja, es decir, sobre los últimos diez (10) años de actividad del afiliado".

Previamente, el cálculo se realizaba sobre las últimas 48 remuneraciones, o sea, los últimos 4 años de actividad. Con la situación inflacionaria, los cálculos iniciales perdieron.

Otro de los puntos por los que reclaman la derogación de la Ley 10.694, es que la normativa prevé que los aumentos que perciben los activos se trasladen a los pasivos al mes siguiente al que la Caja percibe el ingreso efectivo de los aportes. Es decir, que los jubilados perciben las actualizaciones salariales con un diferimiento de dos meses (si tuvieran que percibir un aumento en enero, lo verían reflejado en marzo).

Además, a través de la ley, se impuso un límite a la compatibilidad de beneficios. Se estableció un “aporte solidario” del 20% para titulares de más de un beneficio previsional, o que perciban otro ingreso remunerado. La condición es que la sumatoria de ambos ingresos sea mayor al equivalente a seis haberes previsionales mínimos (que actualmente rondaría los $195.000).

La ley también contempla que los nuevos pensionados pasen a percibir el 70% del haber de un jubilado (antes percibían el 75%).

Por otro lado, jubilados y pensionados pasaron a cobrar cobrar el 82% del sueldo neto del aporte personal, sin incluir otro tipo de aportes, como los patronales. Esto también fue denunciado como un ajuste por parte de las y los trabajadores.

En esta nota: actividad sindical, jubilaciones