CORREPI realizó informe sobre la represión en cuarentena

Desde la organización repasaron los puntos de su agenda antirrepresiva en el contexto de la cuarentena. Señalan que los sectores más precarizados y vulnerables fueron los más afectados. Mencionan que el accionar represivo continuó a pesar de la menor circulación de personas.

CORREPI realizó un informe sobre la represión en cuarentena (Foto:CORREPI)

La Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI) realizó un análisis del accionar represivo durante la cuarentena.

En este sentido, evaluaron varios ejes como gatillo fácil, situación de personas privadas de la libertad, coyuntura de violencia de género, de la comunidad LGBTIQ+, y de los pueblos originarios, entre otros.

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Indican que los sectores vulnerables fueron los más afectados por la pandemia ya que carecen de los elementos de protección necesarios (o elementos vitales como el agua). Ante los brotes en barrios precarizados, el Estado respondió con presencia policial.

Repudian el hecho de que “se haya puesto en manos de las fuerzas de seguridad la función de garantizar que se cumplan las medidas de aislamiento“. Al respecto indican que son estas fuerzas las que “en los últimos cuatro años, asesinaron un promedio de una persona cada 19 horas por el gatillo fácil o en lugares de detención”.

Además, indica que son los responsables de las detenciones arbitrarias, reprimen a trabajadores y torturan en cárceles y comisarías, además de la desaparición de personas como Luciano Arruga y Santiago Maldonado.

En consecuencia, explican que “En estos 90 días hemos publicado casi 50 reportes con denuncias sobre todo tipo de violencia policial y de otras fuerzas a lo largo y ancho del país”.

Respecto al gatillo fácil indican que: “no disminuyó significativamente a pesar del brusco descenso de circulación de personas en la vía pública”. Mencionan el fusilamiento de 12 personas en distintos puntos del país desde el 20 de marzo (Leer el informe linkeado).

Por otra parte, denuncian la alarmante situación de los lugares de encierro. Al respecto manifiestan que cuando se plantearon posibilidades como la prisión domiciliaria les fueron negadas a la población carcelaria en riesgo. Esta situación se da de manera diferenciada de lo que ocurre con “los privilegios de los que gozan represores, genocidas y otros “presos VIP”.

Por otra parte se denuncia la falta de soluciones concretas para mujeres en situación de violencia machista y para el colectivo LGTTBIQ+. Indican que sólo se encontraron respuestas en la organización colectiva.

Por último, expresan que “situaciones extremas como las de los pueblos originarios no han hecho más que empeorar”. En contraposición, el desmonte indiscriminado, las fumigaciones con glifosato y otras actividades extractivistas han continuado, con el visto bueno de los gobiernos nacional y provinciales.

Exigencias de CORREPI luego del análisis sobre la represión en cuarentena:

  • Detenciones arbitrarias:
    • Cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el Caso Bulacio vs. Argentina, del 18/09/2003, que ordenó la derogación de todas las facultades normadas. Eliminación de todas las prácticas no normadas de las FFSS para detener personas fuera de las hipótesis constitucionales y de los convenios internacionales de orden judicial previa o delito flagrante.
    • Cese inmediato del permanente y sistemático hostigamiento a las personas que trabajan precariamente en la vía pública (naranjitas, vendedores ambulantes, limpiavidrios, etc).
  • Legislación penal, contravencional y procesal:
    • Derogación de las reformas regresivas que se llevaron adelante en estos casi cuatro años en toda la legislación del país, y de las incorporadas al Código Penal por las leyes antiterroristas entre 2004 y 2010.
    • Retiro inmediato de la agenda del Congreso Nacional del proyecto de reforma del Código Penal. Indican que incrementa la criminalización de la pobreza y la protesta y consagra la impunidad de los represores.
    • Retiro del proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que contempla la baja de edad de punibilidad de niñxs y adolescentes.
    • Derogación del Decreto 489/2019 que creó el RePet (Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento).
    • Anulación del DNU 70/2017 que habilita la deportación exprés de migrantes.
  • Estructura y protocolos de actuación de las fuerzas:
    • Eliminación de los protocolos de lógica bélica para la actuación de las fuerzas ante movilizaciones y manifestaciones.
    • Eliminación de los “Comandos Unificados” para la intervención conjunta de fuerzas federales y provinciales en las provincias y la Ciudad.
    • Fin de la reestructuración de comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, que dilata entre 8 y 10 horas la confirmación de una detención y ubicación de la persona arrestada para asistirla.
    • Cese de la militarización de los barrios populares.
  • Ciberpatrullaje.
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