El Concejo Deliberante analiza una ordenanza que pretende modificar el marco legal para el crecimiento urbano de la ciudad.
El Concejo Deliberante de Córdoba recibió recientemente una propuesta de ordenanza que busca actualizar el marco legal para el crecimiento urbano de la ciudad.
Impulsada por la Secretaría de Desarrollo Urbano, la iniciativa plantea introducir instancias de participación ciudadana y establecer criterios más claros para los convenios urbanísticos. Pero, ¿es esto suficiente?
Marco Galán, -licenciado en Trabajo Social, doctor en Administración y Políticas Públicas y presidente de la Asociación Mutual Carlos Mugica-, fue contundente en su análisis: «Seguimos planificando la ciudad sin tener en cuenta la demanda social. El municipio no está condicionando las inversiones privadas para que respondan a las necesidades reales de las familias cordobesas».
Durante una entrevista en Radio Comunitaria La Ranchada, Galán repasó el funcionamiento histórico de los convenios urbanísticos -instrumento legal que el municipio utiliza desde hace años para autorizar desarrollos inmobiliarios a cambio de contraprestaciones privadas- y criticó el impacto que tuvieron en la configuración urbana de la ciudad.
Con esos convenios, más de 100 proyectos se desarrollaron en Córdoba, muchos de ellos permitiendo el cambio de uso del suelo o habilitando torres en zonas donde solo se podía construir hasta 12 metros. Fue un boom inmobiliario que garantizó rentabilidad extraordinaria para sectores privados, pero sin responder a la demanda habitacional.
Marco Galán
Sumado a lo anterior, subrayó que este modelo terminó generando barrios cerrados en zonas alejadas, loteos sin infraestructura adecuada y un gran stock de viviendas ociosas. Según explicó, buena parte de las inversiones provienen de fondos especulativos: “Son capitales de la soja, plata no declarada que va a fideicomisos o fondos que muchas veces terminan estafando a familias. El resultado es un mercado que produce viviendas sin ningún fin social».
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Sobre la nueva propuesta del municipio, Galán valoró que se contemple la realización de audiencias públicas antes de habilitar proyectos de gran escala:
«En barrios como Güemes se habla de permitir construcciones de hasta 50 metros de altura. Esta ordenanza permitiría que se convoque a los vecinos, para que opinen si quieren o no ese tipo de inversiones. Pero hay que ver si esas audiencias serán vinculantes o solo simbólicas».
Además, hizo foco en otro punto clave del proyecto: el cobro del impuesto a la plusvalía urbana. «Hoy, si un desarrollista recibe un beneficio -como pasar de construir 12 a 50 metros- debería devolver un 10 o 15% en obras o viviendas. Pero muchas veces eso se resuelve con tierras en otro lugar o aportes mínimos mal gestionados. Esta propuesta busca regular mejor eso. Es un avance, sí, pero insuficiente».
El entrevistado advirtió que mientras el Estado no oriente esas inversiones hacia un objetivo social, seguirán siendo operaciones especulativas.
«La ordenanza no plantea que lo que se construya tenga que responder a la demanda de sectores populares. No habla de valores accesibles ni de líneas de financiamiento acordes a los salarios reales. Esa es la discusión que falta. Hasta que no se exija que se construya para quienes necesitan vivienda y no solo para garantizar renta, vamos a seguir profundizando la desigualdad urbana».
Con una mirada crítica pero propositiva, Marco Galán dejó planteada la necesidad de discutir no solo cómo crece la ciudad, sino para quién lo hace.
