Claves para entender por qué y cómo será la expropiación de Vicentin

La empresa estaba endeudada en dólares con proveedores y bancos, principalmente el Banco Nación. El Gobierno nacional anunció la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para que el Ejecutivo pueda intervenir el grupo y encara un proyecto de ley para su posterior expropiación.

Por Cristian Dominguez

Alberto Fernández anunció ayer, en conferencia de prensa desde Casa Rosada, que el Estado argentino intervendrá el Grupo Vicentin mediante un decreto de necesidad de urgencia. Para llevar adelante esta tarea fue designado el especialista en economía agropecuaria, Gabriel Delgado.

A su vez, Fernández dijo que enviaron al Congreso un proyecto de ley para luego concretar la expropiación de la empresa.

La principales razones que destacó el mandatario fueron que “la empresa siga funcionando”, que “sus trabajadores tengan la tranquilidad de continuar en sus trabajos y que fundamentalmente los pequeños productores, alrededor de 2600, puedan seguir contando con una empresa a quien venderle lo que ellos producen”.

Qué pasó con el Grupo Vicentin

Vicentín es la mayor productora de biodiesel en el país y la principal empresa nacional de molienda de oleaginosos. Es, además, la sexta firma que más ventas externas de granos, legumbres, harinas y aceites vegetales, reportando en el 2018/2019 un 9% de las exportaciones totales. 

Sin embargo, un informe publicado por la Bolsa de Comercio de Rosario afirma que la empresa “atravesó en el 2019 una situación de estrés financiero que la llevó a paralizar sus actividades”.

“Entre el cierre de dicho año y principios del 2020 busca reestructurar sus pasivos para volver a poner en marcha su capacidad productiva. Por tal motivo, esta empresa de exportaciones agroindustriales de capital nacional registra ventas de la nueva campaña 2019/20 muy por debajo de su operatoria normal”, detalla la investigación.

Instalaciones del Grupo Vicentín

En diciembre pasado cuando declaró el default, el dato clave era que su principal acreedor era el Banco Nación, según se desprendía de los registros del BCRA, a quien le debía más de $18.300 millones.

La caída del peso tras las elecciones PASO complicó todos los planes de Vicentin. La firma estaba endeudada por u$s300 millones a un dólar que valía alrededor de 40 pesos, y pocas semanas después esa misma deuda se debía multiplicar por un dólar de 60 pesos.

En la evolución de deuda de la firma queda en evidencia que en julio de 2019 tenía un pasivo con el BN de poco más de $13.372 millones. Un mes después ese monto creció el 38% hasta alcanzar los $18.000 millones. A partir de ese entonces, y a pesar de que el 90% de la facturación de Vicentin es en dólares, sus directivos aseguran que la deuda se volvió “impagable”.

Al cóctel, de por si explosivo, hay que sumarle la compra de granos con precio a fijar. Es decir, Vicentin recibió la materia prima sin un valor cerrado, y post devaluación los productores se lanzaron en masa a querer cobrar sus ventas con el cálculo del nuevo tipo de cambio.

Hasta aquí, la debacle de Vicentin podría explicarse en el marco de las tantas empresas afectadas por los vaivenes económicos de la gestión de Mauricio Macri. Pero esto es una verdad a medias porque esta firma también fue una de las más beneficiadas por esa misma administración. Y a partir de ahí comienza el escándalo que incluso el viernes pasado le valió una imputación ante la Justicia al expresidente del Banco Nación, González Fraga, y a los empresarios Gustavo Nardelli y Alberto Padoan.

Vicentin y Cambiemos

Durante la gestión macrista las empresas se quejaban por la falta de crédito y el que estaba disponible era totalmente inaccesible por las altas tasas. Sin embargo Vicentin tenía abierta una línea de prefinanciación de exportaciones por hasta u$s300 millones, hecho que contrasta absolutamente con la realidad de otras firmas, no sólo de la agroindustria sino en general y todavía mucho más si te toma en cuenta a las golpeadas pymes.

En este contexto, en el mundo de los negocios dicen que la prefinanciación de exportaciones era una “rara avis” y por lo bajo señalan: “Se repartía a dedo, y Vicentin tenía lo que nadie conseguía”.

En su descargo, y desde que declararon el default, los directivos de Vicentin se encargaron de aclarar que históricamente su principal acreedor local fue el Banco Nación y que la prefinanciación de exportaciones abierta con la entidad venía de mucho antes de la llegada de Cambiemos al poder. Si bien las fuentes del sector confirman esa afirmación, no son pocos los que remarcan que Vicentin habría recibido un respaldo mayor al de sus competidoras gracias a sus profundos lazos políticos con la administración anterior.

Según se supo en su momento, el entonces presidente Mauricio Macri se reunió en reiteradas oportunidades con Alberto Padoan cuando era presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. El empresario no dudaba en brindarle a Macri todo su apoyo en declaraciones públicas. Luego, su implicación en la llamada causa de “los cuadernos”, terminó por borrar a Padoan de la escena pública hasta reaparecer ahora con el default de la firma que comandaba.

Por su parte, Gustavo Nardelli, actual CEO de Vicentin y miembro de una de las familias fundadoras de la firma agroindustrial, tuvo aún más compromiso con la administración Cambiemos. Incluso, hace menos de dos años fue “medido” para ser candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe, pero finalmente no recibió el visto bueno de la mesa chica de Mauricio Macri.

Tiempo después y a pesar de que quedó trunco el debut del empresario en la política, su respaldo al ex presidente continuó firme y eso quedó demostrado en las últimas elecciones presidenciales en las que el grupo empresario se posicionó como primer aportante de campaña de Cambiemos con un desembolso de $13,5 millones.

Cómo será la expropiación

La expropiación de una empresa debería hacerse a partir del accionar de un juez. Sin embargo, el caso (y en parte eje de las críticas de la medida) recuerda al recurso utilizado para Ciccone calcográfica e YPF. 

Tal como marca la Ley Nº 21.499 en su artículo 4° “pueden ser objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la ´utilidad pública´, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no”, 

“La declaración de utilidad pública podrá comprender no solamente los bienes que sean necesarios para lograr tal finalidad, sino también todos aquellos cuya razonable utilización en base a planos y proyectos específicos convenga material o financieramente a ese efecto, de modo que se justifique que las ventajas estimadas serán utilizadas concretamente en la ejecución del programa que motivó la declaración de utilidad pública”, precisa la normativa.

Primero debe pasar por el Congreso para que sea declarado de “un bien deutilidad pública”, como puede ser un campo para construir una ruta o una empresa, y allí debe fundamentar el por qué de dicha utilidad. 

Luego, el Estado puede conciliar con la empresa o ir a juicio, donde se podría discutir la valuación del bien para negociar la indemnización o, rara vez, la constitucionalidad de la ley que determinó la “utilidad pública” y la posibilidad de expropiación. Y aquí radica una dato sustancial para quienes adjudican la expropiación a un “régimen comunista”, porque la expropiación no deja de ser una negociación -fuertemente condicionada por el comprador que en este caso es el Estado- en donde el vendedor recibirá un bien a cambio. Si Argentina aplicará una medida “comunista” se haría en este caso una confiscación, acción que está prohibida en nuestro derecho, y consiste en la perdida compulsiva de la propiedad a favor del estado sin contraprestación, ni indemnización alguna.

De momento, la empresa se va a intervenir, quedando en manos de YPF agro (línea de negocios de YPF), siendo Javier Delgado el encargado de conducir el proceso en cuestión. 

Proyecto al Congreso

El presidente de la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, José Ruiz Aragón (Frente de Todos), adelantó que el proyecto de ley de expropiación de la empresa Vicentin anunciado hoy por el presidente Alberto Fernández “ingresará por el Senado”.

El ingreso del proyecto por la Cámara alta le aseguraría al oficialismo una votación favorable, ya que cuenta con 41 de los 72 integrantes del cuerpo, una mayoría que le permite no recurrir a otros bloques para tratar y debatir proyectos en los plazos reglamentarios.

En Diputados, en cambio, con sus 119 integrantes, el oficialismo necesita de al menos once diputados de otros bloques para formar el quórum; y de un número similar o algo superior para imponerse en una votación en la que Juntos por el Cambio (116 integrantes) se encolumnaría en contra del proyecto.

Dardos de la oposición

Uno de los primeros dirigentes en opinar fue el exsenador macrista Federico Pinedo, integrante de la alianza Juntos por el Cambio. Si bien no hizo mención específica a Vicentín, Pinedo lanzó un tuit sugerente con la palabra “expropiación” incluida.

“Cuando hay que generar inversiones para generar empleo, intervenir una empresa privada por decreto sin ley de expropiación, es una señal trágica”, expresó en Twitter casi en paralelo al anuncio que realizaba Fernández quien fuera la espada oficialista en la Cámara alta durante el gobierno que presidió Mauricio Macri.

En esa línea se expresó también la titular del partido GEN, Margarita Stolbizer. A diferencia de Pinedo, el objetivo de su crítica fue el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, a quien acusó de no presentar un “plan de desarrollo productivo” durante el transcurso de la pandemia de coronavirus.

Por su parte, la izquierda se sumó a los reclamos desde un ángulo distinto. El diputado y excandidato presidencial del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FITU), Nicolás del Caño, pidió ir un paso más allá de la expropiación de la empresa alimenticia.

Del Caño escribió: “Con la estafa que hizo Vicentin con Macri de mínima corresponde la expropiación y estatización sin pago bajo gestión de sus trabajadores”, y añadió: “Están las pruebas de que fue una estafa. Por eso hay que expropiar vicentin sin pagar ni un peso de indemnización. Tiene que ser una empresa 100% estatal, gestionada por sus trabajadores y orientada al beneficio de los sectores populares”.

Fuente: Ámbito.

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