A un año del allanamiento en su domicilio, Federico Giuliani es convocado por la Justicia. Desde el sindicato que dirigen denuncian persecución judicial y apuntan contra el juez De Aragón.
El secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba, Federico Giuliani, fue citado a declarar como imputado por la Fiscalía de la Provincia, en el marco de una causa iniciada a raíz de las protestas del 25 de mayo de 2024, cuando se registraron manifestaciones en repudio a la visita del presidente Javier Milei a Córdoba.
La citación ocurre un año después del allanamiento a su domicilio particular en Río Cuarto, ordenado por el fiscal provincial Ernesto de Aragón, medida que fue cuestionada por distintos sectores gremiales y de derechos humanos. En aquella oportunidad, la Policía secuestró teléfonos celulares, incluidos los de miembros de su familia, y se le impuso una fianza de 10 millones de pesos.
Desde ATE Córdoba denunciaron que la investigación forma parte de una “persecución judicial” vinculada a la actividad gremial y las protestas realizadas contra las políticas del Gobierno nacional y provincial. Señalan que se trata de un amedrentamiento contra quienes luchan y que buscan desalentar la participación en movilizaciones.
La citación al secretario general de ATE Córdoba se conoció el mismo día en que el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, solicitó públicamente a la Legislatura provincial una ley que regule las protestas y le otorgue “seguridad jurídica” a las fuerzas policiales para intervenir en manifestaciones.
El caso tiene antecedentes: en 2022, Giuliani y otros cinco dirigentes sociales enfrentaron una causa penal por su participación en una protesta, pero fueron sobreseídos por la Justicia. Sin embargo, recientemente el fiscal de la Cámara de Acusación apeló el sobreseimiento mediante un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia.
Desde el sindicato, consideran que estas acciones judiciales forman parte de una estrategia más amplia para criminalizar la protesta social, en un contexto económico y político marcado por despidos, recortes salariales y un creciente malestar entre sectores trabajadores.
La causa genera preocupación entre organizaciones gremiales, sociales y de derechos humanos, que advierte un avance contra el derecho a la protesta, mientras el Gobierno nacional impulsa reformas que limitan derechos constitucionales, como el derecho a huelga.
