Chile indemnizará a detenidos y torturados en la dictadura de Pinochet
Así lo determinó un fallo de la Corte de Apelaciones, que estipula una "obligación de reparación íntegra" del Estado para casos vinculados a derechos humanos. Recientemente, la Corte de Apelaciones de Santiago emitió un fallo que determina que el Estado de Chile deberá indemnizar por "crímenes de lesa humanidad" a 20 funcionarios y estudiantes que […]
Por Agustina Bortolon | 09/06/2023
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Así lo determinó un fallo de la Corte de Apelaciones, que estipula una "obligación de reparación íntegra" del Estado para casos vinculados a derechos humanos.
Recientemente, la Corte de Apelaciones de Santiago emitió un fallo que determina que el Estado de Chile deberá indemnizar por "crímenes de lesa humanidad" a 20 funcionarios y estudiantes que fueron detenidos y torturados en septiembre de 1973 durante la dictadura de Augusto Pinochet.
El fallo estipula una "obligación de reparación íntegra" del Estado en casos vinculados a derechos humanos. A su vez, afirma que los crímenes de lesa humanidad no tienen prescripción. La indemnización alcanza los 1.615 millones de pesos chilenos.
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Los 20 funcionarios de la Universidad Técnica del Estado (UTE) sufrieron torturas en diferentes recintos luego de decretado el golpe militar de Pinochet.
La resolución de la Corte resalta que los actos delictivos cometidos por agentes del Estado violaron las normas del derecho internacional y los principios constitucionales.
En el marco del 50° aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que derrocó al presidente constitucional Salvador Allende, este fallo es central para, de algún modo, reparar a las víctimas y revalorizar la importancia de la democracia.
El presidente Gabriel Boric lidera una agenda para conmemorar este evento, tanto a nivel nacional como internacional, reafirmando su rechazo a cualquier acción que amenace los consensos democráticos.
Es por esto que impulsaron iniciativas y proyectos de ley para averiguar el destino de los detenidos-desaparecidos durante la dictadura, incluyendo el Plan Nacional de Búsqueda y una nueva agenda legislativa en materia de DDHH.
