Chile empieza su camino a una nueva Constitución

La peor crisis social y política desde el retorno a la democracia consiguió lo que un par de años atrás parecía impensable: que casi todo el arco político coincida en la necesidad de redactar una constitución “desde cero”.

Este domingo Chile tiene una oportunidad histórica: a través de un plebiscito, el Estado brindará la posibilidad de que el pueblo exprese si quiere -o no- iniciar una nueva Constitución. La consulta popular surge como una respuesta del Gobierno nacional que preside Sebastián Piñera al estallido social que comenzó en octubre del año pasado. Podría decirse que fue el salvoconducto que encontró el mandatario para lograr una salida institucional y pacífica de esta contienda.

Hay más de 14 millones de ciudadanos y ciudadanas que están habilitados a votar y, sabiendo que habrá un margen de ausencia, igual se espera una alta convocatoria.

Lo primero que hay que saber es que nadie en Chile tiene escrita una nueva Carta Magna. Lo que se vota el domingo es la voluntad de reescribirla. Dentro del plebiscito habrá dos preguntas: una, para saber si el/la votante quiere una nueva Constitución; y, en caso de que responda “Sí”, tendrá decidir qué órgano deberá redactarla. En esta última hay dos opciones, puede ser una Asamblea Constituyente compuesta por ciudadanos electos por el pueblo, o puede ser una asamblea mixta con ciudadanos electos y miembros del parlamento.

Las expectativas son que gane el “Sí”, con un 69% de los votos, y que se escoja la Asamblea Constituyente, con el 61%. Esos datos surgen del sondeo que realizó Data Influye. Las ventajas podrían ampliarse, pero para eso será clave el voto juvenil y el voto de las periferias urbanas (las clases bajas y medias). Para encaminar la paz, quienes buscan desterrar la Constitución de Pinochet necesitan dar un cimbronazo en las urnas y despejar todo tipo de dudas sobre lo que el país realmente quiere y necesita: un nuevo acuerdo social.

Plebiscito Chile octubre 2020 - Antoni Gutiérrez-Rubí

Desterrar a Pinochet

Como en casi todos los países de la región latinoamericana, el pueblo chileno fue víctima de una feroz dictadura que duró 17 años (1973-1990). Sin embargo, en el país andino hubo un hecho particular: los sectores dominantes y el Gobierno de facto coincidieron en que había que abortar por la fuerza el proceso revolucionario que había iniciado Salvador Allende en 1970, y en que había que generar las condiciones para nadie volviera a intentar algo parecido en el futuro.

Fue así que la Junta Militar que encabezaba el general Augusto Pinochet redactó en 1980 la Constitución Política de la República de Chile, que reemplazó a la de 1925. Sancionar una constitución no sólo servía para darle cierta legitimidad a un régimen que había asesinado y desaparecido a miles de personas. También tenía sentido para garantizar la perdurabilidad de las profundas reformas económicas y políticas que implementó.

Lo curioso es que tras el retorno de la democracia en 1990, tanto los actores políticos y sociales que habían apoyado a Pinochet como los que se opusieron a él estuvieron de acuerdo en mantener la Constitución de 1980. El crecimiento económico que había logrado el modelo de mercado promovido por la dictadura hacia las élites y el recuerdo de los traumáticos años previos al golpe persuadieron a la clase política de que lo mejor era no innovar demasiado.

Hubo ciertas reformas con el correr de los años. Por ejemplo, en 1989 se derogó la parte que establecía un pluralismo político limitado, que suponía que ciertas ideologías políticas, como el marxismo, estaban prohibidas. Más tarde, en 2005, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, se llevó a cabo una importante reforma constitucional que acabó con la figura de los senadores designados, que eran elegidos por instituciones como las Fuerzas Armadas o la Corte Suprema

Estas reformas parciales cambiaron su fisonomía y la despojaron de sus elementos menos democráticos. Pero nunca se avanzó en una profunda transformación. Michelle Bachelet tuvo la iniciativa en la parte final de su segundo gobierno, pero ya había perdido mucho respaldo y se limitó a enviar el proyecto al Congreso 5 días antes de terminar su mandato.

Ahora, la peor crisis social y política desde el retorno a la democracia consiguió lo que un par de años atrás parecía impensable: que casi todo el arco político coincida en la necesidad de redactar una constitución “desde cero”.

Escribirla de nuevo, de punta a punta, ilumina el camino a deconstruir los cimientos sobre los cuales el dictador Pinochet había estructurado un modelo de país para pocos, de educación y salud privada, con monopolios empresariales a cargo de servicios esenciales como la luz y el agua, y de libre extracción de recursos naturales en manos extranjeras.

El Congreso chileno aprueba el proyecto de una nueva Constitución
EFE

¿Y después?

Analistas políticos remarcan que las manifestaciones en Chile no fueron parte de una “revolución” sino de un estallido social que nació de la rabia que colapsó aquel 14 de octubre de 2019, tras el aumento de tarifas en el sistema de transporte. Con esto señalan que no hay una conducción política que marque un horizonte hacia donde deben dirigirse estos sectores protagonistas de las protestas. El estallido no fue otra cosa que un quiebre entre la ciudadanía y su representación política.

Hay un destino común, claro, y es el de reformar la Constitución. Pero, ¿cómo? ¿cuál será el nuevo acuerdo social que beneficie a las mayorias y rompa de una vez con el modelo neoliberal al cual identificaron como el principal enemigo? Capitalizar las manifestaciones en proyectos políticos es una tarea imprescindible pero en esta disputa entrarán tanto las corrientes de derecha como las de izquierda, quienes están desarticuladas.

Será sin dudas un caso único: la construcción de una nueva Constitución dependerá pura y exclusivamente de lo que decida, demande y acuerde la ciudadanía. No hay fuerzas políticas que se impongan sobre la voluntad del pueblo.

×