El 9 de septiembre se votará en Chile la Ley de Matrimonio Igualitario. En este marco, la Unión Demócrata Independiente (UDI), presentó una indicación: «las iglesias no estarán obligadas a casar a parejas del mismo sexo».
Hace un mes, el Senado de Chile aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley de matrimonio igualitario. Fue votado con 28 votos a favor y 14 en contra, y lo hicieron avanzar en el primer trámite legislativo desde que en 2017 el proyecto ingresó al Parlamento.
La normativa fue presentada durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y el 1 de junio pasado el presidente Piñera anunció que iba a pedir su tramitación urgente en el Congreso.
Esta semana inició el segundo trámite de este proyecto, que se votará el próximo 9 de septiembre. Una jornada que se desarrolló marcada por la indicación presentada por la Unión Demócrata Independiente (UDI), que permite la «objeción de conciencia» a las iglesias.
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Rolando Jiménez, dirigente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), apuntó contra esta indicación argumentando que “es una iniciativa innecesaria, pues el proyecto de ley no se involucra para nada en religioso. Solo se trata de una maniobra dilatoria y homofóbica, que no tiene ninguna posibilidad de éxito”.
Desde la UDI, el argumento fue que la indicación es una manera de adelantarse a posibles escenarios, donde pastores o sacerdotes «sean obligados a casar a personas del mismo sexo«.
No es la primera vez que este sector derechista se manifiesta en contra de la comunidad lgbtiq+. El año pasado ya habían utilizado el espacio televisivo para difundir mensajes de odio en contra de la diversidad sexual y de género, bajo discursos religiosos e incluso testimonios de personas lgbtiq+.
Además de la UDI, el grupo «Evangélicos por el Rechazo» también se ha manifestado en televisión abierta oponiéndose a la comunidad lgbtiq+.
Todos los discursos de odio prosperan cuando aumentan las desigualdades. Es importante que estas manifestaciones se aborden y problematicen, para evitar que se conviertan y sedimenten como una incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia, vulnerando los derechos humanos y promoviendo actos violentos que incluso atentan contra la integridad de las personas.
Pese a los obstáculos de la derecha y los sectores más conservadores, el proyecto avanza a paso firme para votarse los primeros días de septiembre. Una gran conquista de derechos para la comunidad lgbtiq+, y para toda la sociedad.
