Chile: Carabineros con licencia legal para matar

En el año donde se cumple medio siglo del último Golpe de Estado al gobierno popular de Salvador Allende, el Congreso de Chile aprobó la “ley gatillo fácil”. La normativa es entendida por las organizaciones populares como una licencia legal para que Carabineros pueda matar ostentando la “legítima defensa privilegiada”. Conversamos con Valeria Chacana, joven dirigenta social y vocera del PCCh en Coquimbo, parte del Comité Central y actual candidata a constituyente.

Desde el masivo “rechazo” a la histórica propuesta de Nueva Constitución en septiembre de 2022 (elaborada durante más de un año tras intensos debates entre las y los constituyentes chilenos, mapuches y aymaras), las fuerzas populares, progresistas e izquierdistas de Chile vienen padeciendo un notable debilitamiento político y social. Lo que explica -en parte- el avance legislativo y la consecuente aprobación de la por demás polémica Ley Nain-Retamal. 

La “Ley gatillo fácil”, denominada de esta manera por las organizaciones populares y los familiares de víctimas y las propias víctimas del accionar de las fuerzas de seguridad de Chile que entienden que la normativa tiene el objetivo de garantizar impunidad y dar vía libre a los crímenes de Lesa Humanidad, fue aprobada plenamente ayer en Diputados y Senadores, en ambas cámaras con gran mayoría.

“Lamentablemente las fuerzas progresistas tenemos el Gobierno pero no contamos con mayoría legislativa en ninguna de las cámaras lo que dificulta el rechazo o la anulación a leyes nefastas como esta” acusa Valeria Chacana, quien es candidata por el PC para ocupar un escaño en el Consejo Social que se encargará de redactar la nueva Constitución de Chile.

La joven señala que su país está atravesando hace ya un tiempo una grave situación en lo que respecta al aumento del narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia urbana. “Lo que ha cooptado el debate público y la agenda política, donde lamentablemente la derecha ha sabido aprovechar para imponer su fascismo” denuncia la joven.

Según la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2022 los homicidios crecieron 33,4% respecto al año anterior, la segunda mayor variación en América Latina detrás de Ecuador, donde aumentaron más de 80%. 

Durante los últimos meses, los medios masivos de comunicación, en perfecta sintonía con los reclamos de las élites políticas, económicas y militares del país aprovecharon el malestar social e impusieron una agenda en defensa de la propiedad privada y el orden civil y cristiano que han sabido imponer en distintos tiempos históricos genocidios mediante. Su propuesta: más policías, y mayor “protección” para los mismos y sus funciones.

Hace un mes, el Director de Carabineros, Ricardo Yañez, quien está imputado por delitos de Lesa Humanidad, exigió al congreso “apurar leyes que permitan mejorar las herramientas a los uniformados y cuyas acciones, como el uso del arma de fuego, no sea cuestionada por otras entidades (en referencia a la Fiscalía)”.

El reciente asesinato de una carabinera en medio de un conflicto entre bandas narcocriminales fue la punta de lanza de donde la derecha se agarró para fundamentar y argumentar que la solución al conflicto se resolvería aprobando esta ley. 

Los antecedentes de la enmienda se encuentran en un proyecto de ley impulsado por Piñera en el 2019 que tenía el objetivo de blindar de impunidad a las fuerzas del orden para contrarrestar el estallido social que le explotaba en las calles. En aquella oportunidad no contó con la legitimidad necesaria para su aprobación. Pero ahora fue reflotada por los mismos sectores y esta vez logró su cometido.

Una parte del Gobierno se mostró disconforme con la normativa y otra parte advirtió que la votaría. Lo que generó un gran debate interno y el posterior acuerdo forzado entre el ejecutivo, los legisladores oficialistas, y los opositores, quienes resultaron los grandes beneficiados del mismo.

Para la dirigenta social, es importante mencionar que al interior del gobierno existe una disputa entre dos conglomerados de partidos políticos que mantienen sus diferencias en cuanto a temas respectivos como la seguridad y las fuerzas de seguridad.

“En ese sentido el Gobierno presentó indicaciones que si bien nosotros las aprobamos, porque acotaban la cuestionada legítima defensa privilegiada, marcamos que seguían siendo insuficientes y que estábamos en contra de la misma porque entendemos que viene directamente a violar los derechos humanos contemplados en una sociedad democrática” explica Chacana.

El principal punto de discordia entre los sectores opuestos fue el de la legítima defensa privilegiada que significa que todo Carabinero que se sienta amenazado puede hacer uso indiscriminado de su arma letal y ello será justificativo suficiente para no ser cuestionado por la ley. 

Lo que el oficialismo logró a duras penas sobre este punto es que en vez de que la utilización responda a una motivación racional según la subjetividad del propio uniformado, ahora –esta presunción de legítima defensa- no se podrá basar en la percepción indiviudal de “sentirse amenazado” sino que deberán existir condiciones que respalden la validez de estas amenazas.

Otros puntos críticos de la ley es que impone una perspectiva retroactiva de clara impunidad, debido a que incluye la posibilidad de que se revean todos los casos donde los carabineros han estado involucrados en hechos de asesinatos. Además, la ley impone la mayor de las penas para las personas que asesinen a miembros de las fuerzas de seguridad de Chile. 

Organizaciones políticas y sociales mapuches y chilenas que defienden los Derechos Humanos y también la ONU y Amnistía Internacional, alertaron por la clara violación que esta ley impondría sobre el Estado de Derecho en Chile. 

Para Valeria es una ley que no admite diferencias. 

“Apunta directamente contra la seguridad democrática de todas las personas que vivimos en Chile y también a la protesta social. Su intención es no dejar rastros de la rebeldía del 2019. Por eso ahora como Partido Comunista presentaremos una apelación en el Tribunal Constitucional”.

Pese a los esfuerzos de los sectores que se manifestaron en contra, a partir de su reglamentación, Chile volverá cincuenta años atrás, donde de la mano de Pinochet impulsó la vía libre para que todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Gendarmería, pudieran asesinar a quienes consideraban sus enemigos con total impunidad. 

Sin embargo, Valeria no baja los brazos: “Hace años venimos luchando por la refundación de Carabineros. Y nunca dejaremos de pelear por una formación profesional para los mismos con una irrestricta perspectiva en defensa de los DDHH que durante toda su historia han violado. Es necesario que volvamos a las calles masivamente para volver a imponer la agenda del pueblo y dejar esta derrota atrás. Con la Nueva Constitución sentaremos las bases para dejar atrás el estado subsidiario que tanto mal nos ha hecho y fundaremos un Estado Social de Derechos donde el agua, la educación, la salud, la vivienda y el trabajo no queden en manos del mercado como hasta ahora”.

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