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Chile bajo el fuego de las forestales

El país sufre hace semanas masivos incendios forestales en su región centro sur. La considerable destrucción de toda vida en territorios boscosos reavivó un debate público sobre la responsabilidad de las empresas forestales en este presente de humo y cenizas. ¿Qué piensa Boric? ¿Regulación o continuidad extractivista? ¿Qué opinan las víctimas del “progreso” chileno? Desde […]

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El país sufre hace semanas masivos incendios forestales en su región centro sur. La considerable destrucción de toda vida en territorios boscosos reavivó un debate público sobre la responsabilidad de las empresas forestales en este presente de humo y cenizas. ¿Qué piensa Boric? ¿Regulación o continuidad extractivista? ¿Qué opinan las víctimas del “progreso” chileno? Desde el Resaltador dialogamos con la Asamblea Anarquista del Bio Bío.

Los monocultivos de pino y eucalipto son propensos a expandir vorazmente los
incendios. Foto: Pablo Rojas

Por Rodrigo Savoretti

Según la Corporación Nacional Forestal del Ministerio de Agricultura de Chile, son más de 400.000 hectáreas de bosque las que han sido arrasadas por los más de 300 focos de incendios que se activaron hace unas semanas atrás.

Hasta el momento, el Gobierno Nacional registró 25 personas fallecidas, 7039 personas damnificadas, 324 albergadas, y 1500 viviendas totalmente destruidas. Al igual que el hábitat de miles de animales y demás seres vivos.

“Cambio climático”. “Negligencia humana individual”. Responsabilidad estatal/empresarial. Comunidades mapuches acusadas de incendiarias.

El debate público que reavivaron los incendios llevó a distintos sectores sociales a señalarse mutuamente como responsables. Y a pesar de que la élite empresarial forestal culpara a las comunidades mapuches y a “individuos irresponsables” por los incendios, lo cierto es que una parte considerable de las comunidades afectadas responsabilizan con sobrados argumentos y vivencias lo que este multimillonario negocio de concentración de tierras, fuego y extractivismo causa en detrimento de su calidad de vida.

Según CONAF, al año 2021 la superficie cubierta de bosques representa el 23,8% del territorio nacional con alrededor de 18 millones de hectáreas. Solo los monocultivos de las empresas forestales ocupan tres millones de hectáreas a nivel nacional.

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Específicamente en la zona más afectada por los incendios -paisaje Centro Sur de Chile- estas plantaciones representan casi la mitad del del territorio (43%), y desde 1973 hasta el 2007 aumentaron diez veces su tamaño.

Pero ¿cómo consiguieron tantas tierras los empresarios? ¿Cuál es su modus operandis? ¿Estado responsable y cómplice o “Estado ausente”?

En los últimos 50 años, la industria forestal en Chile fue principalmente beneficiada con el decreto DL 701 (1974) firmado por el dictador Augusto Pinochet. El mismo estableció un subsidio en dinero para las plantaciones, cubriendo casi el 100% de los costos, eliminando la tributación de los terrenos y de la producción, otorgando créditos estatales millonarios y ordenando el no pago de los aranceles de exportación.

Apenas recuperada la democracia chilena en 1990, la dictadura ya había regalado enormes territorios a sus cómplices empresarios, locales y extranjeros. Tierra que en gran parte era trabajada por comunidades campesinas e indígenas, expulsadas a la fuerza.

Año a año, la industria fue hegemonizando todo a su paso hasta llegar a ostentar en la actualidad tres millones de hectáreas cultivadas solo de pino y eucalipto.

A pesar de que el decreto dictatorial expiró en 2013, el Congreso se encargó de promulgar la Ley 20.488 que prorroga la vigencia del decreto y aumenta los incentivos a la industria. Al igual que la Ley de Bosques Nativos (2008), ambas se convirtieron en las normas subsidiarias del negocio forestal.

Solo desde el año 1998 hasta el año 2014, el Estado de Chile entregó más de 400 millones de dólares en subsidios a tal industria. En dictadura o en democracia, la industria forestal nunca perdió.

Familias como los Matte y los Angelini, dueñas de grupos explotadores de madera como CMPC y Arauco, y otras empresas como Bosques Cautín, Forestal Comaco, Maderas Cóndor, hegemonizan el control de inmensos territorios “privados” sin ningún control o regulación por parte de todos los gobiernos posdictadura que tuvo Chile.

Por si ello no fuera suficiente, estos empresarios reciben por parte del Ministerio de Agricultura un copago a través del programa “Seguro Agrícola”, y también beneficios extraordinarios en lo que respecta a pólizas y seguros.

Los bomberos en Chile no están profesionalizados, son todos voluntarios y no reciben
ayuda del Estado. Foto: Pablo Rojas

Wallmapu en disputa

La zona afectada recorre las regiones de Ñuble, Bío Bío y La Araucanía, popularmente conocida por las comunidades mapuches como el “Wallmapu”. Territorio en permanente conflicto entre sectores empresariales que en plena complicidad con el Estado han invadido la tierra ancestral de las comunidades mapuches a través de la violencia física, desalojos, quemas y persecución jurídica, mediática y policial a los principales líderes de las organizaciones que intentan recuperar sus hogares.

Boric decidió continuar con la militarización de esta zona establecida por decreto como “estado de emergencia”. Lo que obtuvo como primer resultado la prisión de más y más presos políticos mapuches, quienes resisten al avance del modelo aún colonialista.

Las comunidades chilenas y mapuches que padecen los incendios aseguran que la industria forestal junto a la ganadera y frutal, han transformado radicalmente el paisaje de los territorios que habitan.

Es que el monocultivo de ciertos tipos de árboles como el pino y el eucalipto en detrimento de los bosques y árboles nativos, no sólo generan las condiciones propicias para la rápida expansión del fuego por sus características procivles a incendios, sino que secan las napas subterráneas provocando escasez hídrica, pérdida de biodiversidad vegetal y animal, precariedad del trabajo y la vida, contaminación del suelo, aire y agua.

Por lo tanto, los lugares que están bajo control empresarial son degradados a tal punto que la tierra se vuelve inhabitable para todas las formas de vida que habitan estas zonas de sacrificio extractivista.

Boric, el continuador

Por su parte, el Presidente Boric, decretó la emergencia nacional, confiscó bienes y recursos de particulares que sirvieran para apagar el fuego, llamó a la “unidad nacional” ante la “catástrofe” e hizo un tímido planteo al sector empresarial señalado: "No me cabe ninguna duda que se viene un debate de una mejor regulación, en particular respecto a la industria forestal, para que estas situaciones que estamos viviendo, en lo que se pueda prevenir, se haga".

A lo que el gremio empresarial SOFOFA, sin titubeos, respondió: “Es improcedente y totalmente fuera de contexto que las autoridades abran un debate sobre la industria forestal”.

Quienes verdaderamente no dudan en opinar qué hacer ante estos prevenibles y lamentables hechos, son las propias poblaciones damnificadas.

Desde el territorio incendiado, las comunidades Pu Lof Mapuche Mañuico, Huimpil, Llufquentúe y ‘ielol Galvarino le exigieron al Presidente, a través de un comunicado, abordar la discusión desde un ámbito estructural. Es decir, “la discusión desde el despojo y paralelamente acelerar devoluciones de tierras robadas hace siglos”. También demandaron la restauración y reforestación con especies nativas para el recupero de las cuencas hídricas “gravemente deterioradas”.

Por otra parte, más de 40 organizaciones sociales firmaron una carta también dirigida a Boric donde exigen una moratoria a las plantaciones forestales para reducir superficie monocultivada y para que no se vuelvan a plantar pinos y eucaliptos en los suelos quemados.

Desde la Asamblea Anarquista Bio Bio aseguran que el mandatario “no tiene un plan para regular el negocio forestal ni a corto ni a largo plazo”.

Las y los militantes afirman que con la implementación del tratado de libre comercio (TPP 11) firmado por chile junto a una decena de países con salida al pacífico, el país aumentará la producción forestal, lo que significa -a su entender- “robustecer el modelo neoliberal y seguir beneficiando a estas familias y empresas”.

Hasta el momento, la regulación anunciada por Boric parece ser un mero deseo. El Gobierno prometió dinero para las personas damnificadas, la entrega de nuevas viviendas a quienes lo han perdido todo y que “caiga todo el peso de la ley” contra los “negligentes”.

Pero las empresas constructoras subieron los precios de los materiales apenas fue realizado dicho anuncio, motivo por el cual se ha demorado tal entrega.

Para los anarquistas, las políticas que solo se ocupan solo de los incendios no tratan la cuestión de fondo.

“Todos los años hay incendios. Estas políticas que ni siquiera previenen el fuego son pan para hoy y hambre para mañana, ya que no modifican en nada un negocio que va mucho más allá de los daños que provoca el fuego, es decir, no tocan el modelo que los produce”.

Como salida a la crisis, desde la Asamblea trabajan en herramientas como el Plano Regulador Metropolitano de Concepción. El mismo delimita zonas de riesgo, zonas a proteger, organiza los territorios urbanos y rurales según sus propias características y particulares para el cumplimiento del tan irrespetado Buen Vivir de las comunidades.

“Somos las asambleas y las militancias quienes con acciones de protesta, propaganda y solidaridad, apuntamos superar las consecuencias inmediatas del modelo forestal y a poder superarlo a largo plazo”, expresan desde el Bio Bio.

El chile de la revuelta, de la “casi” nueva constitución, sigue padeciendo el modelo neoliberal que muchos creímos herido de muerte durante el estallido de 2019. El monstruo no solo sigue vivo sino que lo alimenta un Gobierno que llegó con la promesa de institucionalizar su defunción.

“Es un Gobierno con una cara más social que hasta el momento sigue siendo igual que los anteriores” sintetizan desde la Asamblea.

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