Chaco: el Estado obligó a parir a otra adolescente que fue violada

Tal como sucedió en Jujuy y en Tucumán recientemente, el Estado negó la interrupción legal del embarazo a una adolescente que fue violada y la obligó a parir. El nuevo caso sucedió en Chaco, la víctima sufría abusos desde niña por parte de su padre. 

En la localidad chaqueña El Sauzalito, una niña víctima de abusos de su padre tenía apenas 11 años cuando su madre la entregó a otro hombre de 59 años a cambio de una moto.  Tras convivir tres años con esta persona en Formosa, la adolescente regresó al Chaco en diciembre. Ésta vez con un embarazo de 35 semanas. 

Según informó Página 12, la joven solicitó la interrupción legal de su embarazo (ILE) en dos hospitales diferentes, sin embargo las autoridades le negaron la intervención y M.A. fue obligada a parir un bebé prematuro, producto de una violación. 

No obstante, el abandono estatal no terminó ahí.  Según denunció el Centro Mandela, la Unidad de Protección Integral (UPI) de Castelli, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, dejó a la niña y su bebé a cargo del padre. Pese a que ella en varias oportunidades manifestó que no quería vivir con él por miedo a nuevos abusos, el Estado les asignó un hogar de tránsito. A los cuatro días escaparon. 

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“Ella estaba con su padre y el bebé en el refugio Calcuta, que depende del Ministerio de Desarrollo, pero un día desaparecieron. Después se supo que se habían ido en un camión que trae donaciones desde Buenos Aires, rumbo a Sauzalito. Los interceptaron en Misión Nueva Pompeya. Ahí es cuando la fiscal Mirtha Bejarano se entera y le pide a la UPI que intervenga y que los ponga al cuidado de una familia de resguardo. La UPI no estaba al tanto de la desaparición de la niña”, informaron a Página 12 desde el Poder Judicial de Chaco. 

Este caso se asemeja a los ocurridos en enero en Jujuy y la semana pasada en Tucumán. En ambas situaciones el Estado obligó a parir a niñas, negando su interrupción legal del embarazo, una práctica reglamentada desde el 2012, cuando la Corte Suprema de Justicia determinó que no son punibles los abortos en casos de violación sin importar la salud mental de la persona gestante. 

Por Cristian Dominguez